La extracción ilegal e informal de cobre no solo afecta a proyectos como Sulfobamba en Apurímac, sino que se ha detectado también en zonas del norte como Huamachuco. Este fenómeno pone en riesgo gran parte de la cartera de inversiones mineras del país.
La minería ilegal de cobre se extiende con rapidez en el Perú. A las denuncias en Apurímac y Arequipa se suma ahora el distrito de Huamachuco, en La Libertad, donde las autoridades han identificado socavones clandestinos, como el ubicado en “Bosque Polo”, dedicados a la extracción ilícita de cobre. Aunque la atención suele concentrarse en el oro, en zonas como Pataz también se ha registrado explotación de otros minerales, como carbón antracita, en condiciones de violencia y fuera de control estatal.
Uno de los casos más delicados es el de Sulfobamba, en la provincia de Cotabambas, donde comuneros extraen cobre sin permisos dentro de los terrenos de Las Bambas. Esta coexistencia entre proyectos formales e informales genera conflictos persistentes que dificultan el avance de nuevas inversiones. La situación se agrava debido al alto precio del cobre, que incentiva estas prácticas ilegales mientras los controles son insuficientes para detenerlas.
Esta expansión tiene implicancias de fondo: el Ministerio de Energía y Minas reporta que el 70 % de su cartera de proyectos corresponde a cobre. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas no registra avances, y si la minería ilegal continúa ganando terreno, su viabilidad podría verse comprometida. A esto se suma el contexto global: JP Morgan estima que el precio del cobre refinado podría alcanzar los US$11,000 por tonelada métrica para 2026, presionando aún más la demanda por este recurso estratégico.
