La Comisión de Energía y Minas discutirá este viernes el predictamen de la Ley MAPE, en medio de fuertes críticas por parte del Congreso y gremios por su posible impacto en la formalización.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso, liderada por el parlamentario Paul Silvio Gutiérrez Ticona, ha programado una mesa de trabajo este viernes 6 de junio a las 3:00 p.m. con el fin de discutir el nuevo Texto Sustitutorio del predictamen de la Ley de Minería Artesanal, de Pequeña Escala y Tradicional (Ley MAPE). La sesión se desarrollará de manera presencial.
Esta convocatoria se produce tras la sesión ordinaria del martes pasado, donde el predictamen fue duramente cuestionado por legisladores de distintas bancadas. Como resultado, se decidió postergar el debate para abrir un espacio que permita incorporar sugerencias y correcciones al texto propuesto.
Entre los cambios más relevantes, el documento plantea reemplazar el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por el nuevo Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Tradicional (Renapmat). No obstante, la propuesta ha recibido duras críticas, principalmente por mantener elementos que, según sus detractores, perpetúan la informalidad e incluso abrirían brechas para actividades ilícitas.
Durante la sesión anterior, la congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión, mostró un rechazo frontal al proyecto. Legaliza la ilegalidad e incluso favorece el narcotráfico, advirtió, haciendo referencia a la ausencia de requisitos clave como la autorización para el uso de insumos químicos. También cuestionó la simplicidad del acceso al Renapmat, que solo requeriría DNI, RUC y coordenadas geográficas.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha expresado su preocupación respecto al predictamen, especialmente por el riesgo de una migración automática de los inscritos en el Reinfo al nuevo sistema, sin filtros adicionales. La entidad también ha alertado sobre la introducción de nuevas figuras como la minería tradicional, la posible implementación de servidumbres mineras y la reducción del plazo de concesiones de 30 a 10 años, medidas que podrían debilitar la institucionalidad del sector.
Esta mesa técnica representa una nueva oportunidad para que el Congreso revise con mayor profundidad una norma que podría marcar el rumbo del proceso de formalización minera en el país, en medio de un contexto crítico donde se entrecruzan los desafíos del desarrollo sostenible, el orden legal y la lucha contra la minería ilegal.
