Jimena Sologuren, directora del IIMP y presidente de PERUMIN 37, advierte que sin institucionalidad firme y control de toda la cadena lícita, la minería no podrá cumplir su rol transformador para el país.
La minería peruana enfrenta un punto de inflexión decisivo. Para que el sector continúe siendo una palanca real de desarrollo económico y social, el país necesita avanzar con urgencia hacia una estrategia integral de formalización que abarque toda la cadena lícita de la actividad minera, desde la producción hasta la comercialización. Así lo advierte Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37, en una reciente columna de opinión publicada en El Comercio.
Sologuren señala que el Perú tiene hoy una oportunidad concreta para transformar la vida de millones de ciudadanos a través de la ejecución de su cartera de proyectos mineros, que supera los US$64.071 millones. Sin embargo, remarca que este potencial solo será posible si se fortalecen las reglas de juego y la institucionalidad. “La minería puede seguir siendo una gran palanca de desarrollo, pero no lo será plenamente si mantenemos vacíos normativos, burocracia que atrasa y excepciones indefinidas o registros que, como el Reinfo, terminan siendo usados para encubrir actividades que no tienen intención de cumplir la ley”, precisa.
En ese contexto, la también directora del IIMP enfatiza que la formalización no puede seguir postergándose y que la nueva Ley MAPE debe marcar un antes y un después. “La nueva Ley MAPE debe sentar las bases para una minería artesanal moderna, integrada y sostenible; una actividad que brinde empleo digno y que se distinga de manera firme e inequívoca de la minería ilegal”, subraya. Para ello, añade, es indispensable fortalecer la trazabilidad de minerales e insumos, de modo que los beneficios de la formalidad lleguen exclusivamente a quienes actúan dentro de la ley.
Ella señala que sin control efectivo del territorio y sin una estrategia que enfrente toda la cadena ilícita, los esfuerzos serán insuficientes. “La minería ilegal se ha convertido en la mayor amenaza para el Perú: destruye ríos y bosques, alimenta redes criminales y vulnera a poblaciones enteras”, sostiene Sologuren, quien alerta sobre la normalización de la violencia en zonas críticas y los ataques a operaciones formales, hechos que erosionan el Estado de derecho y desalientan la inversión responsable.
Finalmente, la directora del IIMP hizo un llamado a la acción conjunta del sector público, privado, la academia y la sociedad civil para construir consensos y fortalecer espacios de diálogo técnico. “Si ponemos orden donde hoy hay incertidumbre, fortalecemos la institucionalidad y enfrentamos la ilegalidad con firmeza, podremos construir la minería segura, responsable y sostenible que el Perú merece”, concluyó.
