El Gobierno peruano ha reforzado de manera sostenida su estrategia contra la minería ilegal, ejecutando más de 1.000 operativos a nivel nacional entre enero y el 15 de diciembre de 2025, acciones que permitieron la incautación y destrucción de bienes e insumos valorizados en más de S/3.800 millones. El objetivo central ha sido debilitar la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilícita de minerales.
Al respecto, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, subrayó que “La respuesta del Estado es permanente. Vamos a continuar con intervenciones que impidan que la minería ilegal consolide posiciones y que sigan afectando a las comunidades y al medio ambiente”, afirmó.
Las intervenciones fueron posibles gracias al trabajo articulado entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, consolidando una acción conjunta en zonas críticas del país.
Las regiones con mayor número de operativos incluyen Madre de Dios (276), La Libertad (135), Amazonas (66), Ucayali (61) y Huánuco (61), seguidas por otras regiones como Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Puno. En términos económicos, Madre de Dios encabeza el valor de lo incautado, con más de S/1.095 millones, seguida de Cajamarca, La Libertad, Arequipa y Amazonas, lo que evidencia la magnitud del impacto financiero de la interdicción.
Entre los bienes decomisados figuran excavadoras, dragas, motores, campamentos, combustible, generadores eléctricos, antenas satelitales, carpas y diversos insumos, elementos clave para sostener la operación de la minería ilegal. Estas acciones se ejecutaron en el marco del Decreto Legislativo N.° 1100, que faculta la interdicción y destrucción de bienes vinculados a esta actividad ilícita.
Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso de mantener una presencia activa y sostenida del Estado en las zonas más afectadas, con el propósito de debilitar la capacidad operativa de la minería ilegal, recuperar el control del territorio y prevenir nuevos daños ambientales y sociales en distintas regiones del país.
