La ANGR se opone a la transferencia de competencias al Minem propuesta en la Ley 32213 y demanda una Ley MAPE construida bajo principios de inclusión, viabilidad y legitimidad social.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) manifestó su oposición a la posible centralización de competencias en el sector minero que plantea la Ley 32213. El colectivo de autoridades regionales advirtió que esta medida sería inconstitucional, al pretender restar atribuciones a los gobiernos subnacionales.
Mediante un comunicado, el grupo técnico de la ANGR expuso su preocupación y calificó la iniciativa legislativa como un intento de revertir el proceso de descentralización en materia minera.
Desde la ANGR, con sede en Lima, se cuestiona la posible transferencia de competencias de los gobiernos regionales al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esta propuesta es considerada como un retroceso en la autonomía regional.
“Atenta contra el artículo 188 de la Constitución política del Perú, que establece la descentralización como política permanente del Estado y como proceso obligatorio”, indicaron en el pronunciamiento.
El gremio exhortó a los gobiernos regionales a mantenerse firmes frente a esta iniciativa, que consideran contraria al espíritu de la descentralización.
Exigen una ley para la MAPE con enfoque inclusivo
Por otro lado, la ANGR instó a que los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) vinculados al Minem respeten los principios de descentralización y mantengan una coordinación permanente con los gobiernos regionales y locales.
Si bien saludaron la promulgación de la Ley 32213 y el reglamento que garantiza poder fortalecer la autonomía de los gobiernos regionales, subrayaron que la nueva normativa debe traducirse en una Ley MAPE que sea integral, viable y socialmente legítima.
