Pese a los intentos por avanzar en un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal, las decisiones clave se dilatan en el Congreso.
Luego de cinco meses desde la promulgación de la Ley N.º 32213, norma que redefine los lineamientos y amplía los plazos para el proceso de formalización minera en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, el Ejecutivo finalmente publicó su reglamento.
El proceso, que busca integrar de forma ordenada a estos mineros al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), forma parte de los compromisos del Gobierno para el año 2024. Esto ocurre en un contexto complejo, ya que la anterior Ley de Formalización Minera no alcanzó sus objetivos. La nueva norma, conocida como Ley MAPE, extiende la vigencia del proceso hasta diciembre de 2025.
Dado el comportamiento cíclico de estas medidas en el país, se especulaba que el Ejecutivo podría dejar pasar más tiempo sin reglamentar la ley. Sin embargo, recientemente se tomó la decisión de avanzar.
Una amenaza latente
La cercanía del fin del plazo del Reinfo y la puesta en marcha de la Ley MAPE han puesto en alerta a las autoridades. El temor es que este nuevo marco normativo no logre frenar el avance de la minería ilegal, la cual sigue expandiéndose a costa de vidas humanas. En los últimos días, se reportó el asesinato de trece mineros en la zona de La Libertad, quienes fueron emboscados mientras realizaban actividades extractivas.
El ataque ocurrió en medio de un clima de vacío de poder en el Ejecutivo. El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, confirmó que se investigan vínculos entre estas muertes y disputas entre bandas criminales.
También afirmó que la Presidencia del Consejo de Ministros ya cuenta con informes que apuntan a que estos crímenes fueron ejecutados por redes vinculadas al crimen organizado.
Carlos Herrera, exministro de Energía y Minas, fue contundente, en su opinión, la demora del Gobierno en aprobar el reglamento solo ha contribuido a agravar el escenario, dejando un vacío que ahora se llena con más violencia e informalidad.
Desde el Congreso, se señala que el Ejecutivo ha optado por no asumir responsabilidades directas, limitándose a extender plazos sin proponer soluciones de fondo.
Uno de los puntos más criticados es que, en lugar de enfrentar el problema, el Gobierno estaría posponiendo decisiones claves. Lo que están haciendo es proteger a quienes usan el Reinfo como un salvoconducto, dándoles oxígeno hasta fines del próximo año. Pero eso no resuelve nada, solo dilata el conflicto, según lo que opinan analistas del sector.
Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, comparte esta lectura. Asegura que el Ejecutivo está prolongando artificialmente el uso del Reinfo. La mayoría de quienes figuran como suspendidos en el registro no buscan formalizarse. Siguen operando de forma ilegal bajo ese amparo, según advierte.
El exministro estima que al menos 66,000 mineros están actualmente en estado de suspensión, sin intención real de adecuarse al marco legal. Y eso representa un riesgo enorme: es probable que usen ese estatus para continuar con prácticas fuera de la ley.
Ley MAPE
Tanto Herrera como Incháustegui coinciden en que el problema de fondo ha sido la falta de coordinación y decisión política. Desde el año pasado se sabía que había que reformar el sistema. La Ley MAPE se trabajó, pero nunca se integró con una visión de largo plazo.
Aunque el Congreso debatió la ampliación del Reinfo y la Ley MAPE en la recta final de 2024, los expertos consideran que las medidas llegaron tarde. Para ellos, esta falta de previsión ha contribuido a mantener abierto el camino para la minería ilegal.
Durante el mandato del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se elaboró una propuesta para modificar el proceso de formalización minera, la cual fue remitida al Congreso. Sin embargo, la iniciativa no fue tomada en cuenta y, en su lugar, la Comisión de Energía y Minas decidió crear una mesa técnica para trabajar un nuevo texto.
Hasta la fecha, esta mesa de trabajo no ha concluido con una propuesta concreta. A pesar de los anuncios y esfuerzos iniciales, el avance es limitado. La elaboración del documento final aún no ha sido presentada ante la comisión en su totalidad, paso previo para su discusión en el pleno del Congreso. Según fuentes legislativas, existe un notable hermetismo dentro del grupo liderado por el congresista Paul Gutiérrez, lo que ha generado incertidumbre.
La congresista Diana Gonzales, actual vicepresidenta de dicha comisión, ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y el retraso en el desarrollo del texto, señalando que no hay claridad sobre cuándo podría estar listo.
Nuevas disposiciones en REINFO
Entre las novedades más importantes del reglamento publicado por el Ejecutivo se encuentra la posibilidad de heredar el registro minero en caso de fallecimiento del titular, siempre y cuando la sucesión esté debidamente inscrita en los registros públicos.
El documento también establece que, si existen varios herederos, estos deberán conformar una persona jurídica compuesta exclusivamente por ellos. Esta figura legal permitirá designar un responsable único de los efectos de la actividad minera y continuar con el proceso de formalización.
Incháustegui aclara que esta medida no implica que el registro heredado tenga carácter indefinido. Lo que se transfiere es el derecho formal, como en cualquier concesión minera. No significa que el registro se vuelve permanente.
Asimismo, advierte que podría haber confusiones, ya que algunos podrían interpretar que el Reinfo será eterno, cuando en realidad es una herramienta temporal para lograr la formalización y no debería permanecer activo si no hay avances reales en ese sentido.
Pese a las críticas, Miguel Incháustegui destaca un aspecto positivo del nuevo reglamento: la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Esta herramienta busca fortalecer el control sobre las actividades mineras mediante la trazabilidad de insumos clave como minerales, explosivos, productos fiscalizados y sustancias químicas. Su implementación permitiría una mayor supervisión operativa y contribuiría a reducir los riesgos asociados a prácticas ilegales dentro del sector.
