El deceso de 13 mineros en Pataz expone la creciente influencia del crimen organizado y coincide con una preocupante caída en la producción formal de oro en el país.
Un trágico suceso ocurrido en Pataz (La Libertad), donde 13 trabajadores mineros fallecieron tras ser secuestrados, ha vuelto a poner en evidencia el avance de la minería ilegal en Perú. Más allá del impacto en la seguridad, este hecho también coincide con una reducción notable en la producción formal de oro a nivel nacional, a pesar de los altos precios internacionales del metal.
Actualmente, la cotización del oro supera los US$3,400 por onza, impulsada por factores como la incertidumbre geopolítica y la alta demanda como activo refugio. Sin embargo, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción aurífera cayó más de un 15% en los tres primeros meses de este año. Esta disminución plantea interrogantes sobre el vínculo entre el debilitamiento de la minería formal y el crecimiento de las actividades ilegales.
Caída en la producción nacional de oro
De acuerdo con el Boletín Estadístico del Minem, la menor producción está directamente relacionada con la baja extracción registrada por empresas como la Compañía Minera Poderosa S.A. y Consorcio Minero Horizonte S.R.L., ambas operativas en La Libertad, una región donde se ha intensificado la presencia del crimen organizado.
Cabe resaltar que, de las diez principales compañías auríferas del país, cuatro operan en el norte peruano. Esta zona es responsable de cerca del 30% del total de oro extraído en el Perú.
Durante este año, la Compañía Minera Poderosa ha sido víctima de al menos tres atentados armados, reflejando un escenario cada vez más peligroso. Ya en 2024, se reportaron ataques violentos de gran magnitud dentro de sus zonas operativas, así como sabotajes dirigidos a torres de alta tensión.
Solo en el primer semestre del año pasado, se estimaba que la compañía había sufrido pérdidas cercanas a los US$300 millones debido a la minería ilegal.
“Las pérdidas se traducen en un menor nivel de productividad, menos empleo formal, menos pagos de impuestos, menos transferencias a los gobiernos regionales producto del canon, todo eso sumaría casi otros US$6,000 millones”, indicó Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa.
Paralelamente, la minería ilegal continúa en expansión. Un informe reciente de Macroconsult estimó que las exportaciones de oro ilegal llegaron a los US$7,627 millones en 2024, lo que representa un incremento de más del 50% respecto al año anterior.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) también ha expresado su preocupación por esta tendencia, destacando la creciente influencia del crimen organizado en regiones como La Libertad y Madre de Dios. En particular, el norte del país registra el mayor número de denuncias por extorsión a nivel nacional, con 250 por cada 100 mil habitantes, diez veces el promedio nacional.
Temor por avance de la informalidad
Para Jorge Soto, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la actividad delictiva y la agresión han generado temor entre los empleados del sector extractivo que trabajan en el ámbito formal, lo que genera una reducción de la producción.
Si bien señaló que regularmente todas las operaciones de extracción tienen una planificación establecida, este avance de la economía sumergida estaría obligándolas a cerrar ciertas labores porque son de riesgo para los trabajadores y les lleva a destinar más recursos para protección.
También, comunicó que esto está llevando a que, especialmente los pequeños mineros, tengan el temor de poder explotar o seguir con sus labores. Por ejemplo, Poderosa viene sufriendo más de dos años, por lo menos, con estos ataques de criminalidad que han llevado seguramente a la reducción de la producción. Además, las empresas contratistas también sentirán temor de operar en estas zonas.
Por ahora, Soto estima que, con esta situación incierta, la cantidad de metal precioso obtenida formal en el país habría caído entre 10% y 12% durante el primer trimestre del año.
Carlos Gálvez, representante de la organización del sector extractivo, coincidió con que los problemas en zonas cercanas a Pataz también podrían estar impactando la cantidad obtenida de otras empresas como Horizonte y Mina Aurífera Retamas (Marsa). Pero, de momento, consideró que esto no afectará las inversiones.
Actualmente, a la falta de seguridad se suma la ausencia de nuevos proyectos para la obtención de metal precioso. El último lugar de extracción de metal precioso que entró en operación se dio hace más de tres años, precisó Guillermo Shinno, exfuncionario del sector minero.
Sin embargo, para impulsar más aportaciones económicas se necesita solucionar, entre otras cosas, un aspecto crítico: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que muchos lo usan como escudo legal para actividades ilícitas.
Además, indicó que solo el 20% de los inscritos en el Reinfo avanza en su proceso de regularización; el resto utiliza el registro para operar con impunidad. Hay grupos delictivos que se camuflan como trabajadores artesanales del sector extractivo e invaden operaciones con violencia. Les resulta más rentable operar ilegalmente y las estrategias del Estado no han logrado frenarlo.
Cabe mencionar que, más del 76% de los inscritos en el registro están en condición de suspendido. De los 6,578 registros inscritos en busca de formalizarse en La Libertad, 4,486 están bajo esa calificación. Esto significa que casi siete de cada 10 registros no avanzaron en el proceso, lo que deja a La Libertad como la sexta región con más registros suspendidos.
Impacto de los precios del oro en la situación
Si bien las expectativas apuntan a que el panorama global podría mantener al alza la cotización del oro, el precio récord del metal no basta para revertir la caída productiva. Aunque los altos precios podrían impulsar las exportaciones auríferas de las empresas, que el año pasado sumaron US$15,468 millones, también incentivan el crecimiento de la informalidad y la criminalidad.
Cada vez que los precios han sido buenos y han subido, eso es un aliciente a que estas personas se dediquen a este tipo de extracción minera que es muy rentable. Pese a esto, Soto, representante del IIMP, consideró que es probable que se pueda revertir la caída de la producción de oro en los próximos trimestres.
Manifestó que las condiciones favorables respecto al precio puede llevar a algunas empresas a crecer y podrían contrarrestar un poco esta caída del primer trimestre. Esto, porque aquellos minerales que, en su momento, eran una ley baja para la minera, con estos precios quizás puedan ser reaprovechados.
Para esta recuperación, añadió, se necesitan que las medidas del Gobierno sean adecuadas y se evite la paralización de operaciones formales. Esta situación en zonas clave como La Libertad, explicó, podría traducirse en una caída adicional del 9.5% en la producción anual. Sería equivalente a unas 300 mil onzas menos y más de US$ 1,000 millones en valor perdido por mes.
