La minería ilegal en Perú ha crecido exponencialmente en los últimos años, ocupando alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional, superando en extensión a las concesiones mineras formales que cubren cerca de 20 millones de hectáreas. Este crecimiento ha generado un considerable poder económico y control territorial por parte de las organizaciones ilegales, afectando a diversas regiones del país, especialmente Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios.
El impacto económico de la minería ilegal es significativo, con pérdidas estimadas en más de S/ 22,700 millones al año, lo que representa aproximadamente el 2.5% del PBI nacional. Estas actividades no solo evaden impuestos, sino que también están asociadas a delitos como el lavado de activos y la defraudación tributaria, debilitando la posición económica del país y reduciendo los recursos destinados a sectores clave como salud, educación y obras públicas.
Además, la minería ilegal tiene un impacto ambiental devastador, especialmente en regiones como Madre de Dios, donde se estima que se han perdido más de 96,000 hectáreas de bosque en las últimas tres décadas debido a esta actividad. El uso de mercurio en la extracción de oro contamina ríos y afecta la salud de las comunidades locales, mientras que la deforestación y la destrucción de ecosistemas ponen en peligro la biodiversidad del país.
La expansión de la minería ilegal en Perú representa una amenaza multidimensional que va más allá del sector minero, afectando la economía, el medio ambiente y la seguridad nacional. Abordar este problema requiere una estrategia integral y multisectorial que incluya la formalización de la minería artesanal, el fortalecimiento de las instituciones y la implementación de políticas públicas efectivas para combatir las actividades ilegales y proteger los recursos naturales del país.