La minería ilegal es la actividad criminal más grande en el Perú, según un reporte de la Universidad del Pacífico (UP), y dentro de esta, el comercio ilícito de oro es el más destacado. El ranking de economías ilegales, con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), alerta que solo la minería ilegal de oro movería alrededor de $6,840 millones en 2024, cinco veces más que otras actividades ilícitas como la trata de personas ($1,300 millones) y el tráfico ilícito de drogas ($1,208 millones).
La exportación de oro ilegal en el Perú ha seguido la tendencia de crecimiento del precio de este mineral, que, con proyecciones a mayo de 2024, superaría los $75 por gramo.
El impacto económico de la minería ilegal
Entre 2005 y 2023, el volumen exportado se multiplicó por siete, alcanzando 77 toneladas de oro el año pasado, cifra que se superaría este año. Para 2024, el IPE proyecta que la exportación de oro ilegal ascenderá a 90 toneladas, considerando la diferencia entre los registros oficiales de exportación y la producción de oro. Diego Macera, director del IPE, precisó que el precio del oro se ha multiplicado, siguiendo de cerca la multiplicación de la producción.
“Una cosa es qué tan rentable es la situación con un oro a $200 o $300 la onza y otra es con un oro a $2,700 la onza, sobre todo con costos de producción que no han subido ni de cerca en la misma proporción. Para esta actividad hay márgenes enormes y ya empieza a penetrar en otros tipos de minerales, cada vez hay más presencia de cobre”, comentó durante su presentación en el seminario de Economías Ilegales de la UP.
La minería ilegal avanza rápidamente entre los delitos que generan más riesgo al país, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). La Superintendenta Adjunta de la UIF, Fernanda García Yrigoyen, precisó que en las primeras dos evaluaciones nacionales de riesgo, la minería ilegal no figuraba entre los primeros lugares, pero esto cambió hace cuatro años. En la evaluación de 2021, la minería ilegal se convirtió en el riesgo número uno para el Perú en relación al lavado de activos.
“Hoy en día es minería ilegal en primer lugar, corrupción y tráfico ilícito de drogas en tercer lugar. La Unidad de Inteligencia Financiera del año 2014 al 2024, dentro de las comunicaciones de inteligencia que manda el Ministerio Público, identificó montos involucrados por $80,000 millones por el delito de minería ilegal”, refirió.
El país con mayor exportación de oro ilegal
En 2023 se calculaba que entre el 30% y el 80% del oro exportado proviene de la minería ilegal. Por ejemplo, en Colombia, Ecuador y Venezuela alcanza más del 70%. Sin embargo, se estima que cerca de la mitad del valor de oro ilegal exportado en América del Sur proviene del Perú, posicionándose por encima de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela.
“Otros países de repente tienen una proporción más alta, como es el caso de Colombia, pero en monto es mucho menor. Entonces el Perú contribuye con casi la mitad de la minería ilegal de América del Sur. Cuando hablamos de oro ilegal en la región es un problema principalmente peruano, hay otros países que lo tienen también, pero en proporciones y montos más pequeños”, explicó Macera.
El fracaso de las políticas de formalización
El director del IPE sostuvo que estos resultados evidencian que las políticas de formalización no han funcionado. Macera señaló que, por ejemplo, antes teníamos 22,000 mineros en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigentes, la gran mayoría suspendidos. “Los que han efectivamente transitado a una formalización efectiva son cerca del 2%. No hay ninguna política que puedas decir que fue exitosa con un 2%, es obvio que esto no ha funcionado y hoy se debate de nuevo la ampliación e incluso abrir la ventana para regresar al REINFO. Es una política que es evidente que necesita cambios estructurales”, precisó.
Si bien las políticas punitivas han sido claves, el economista afirmó que resultan insuficientes, sobre todo en zonas de difícil acceso. El IPE indicó que esto está relacionado a la adaptabilidad de los mineros ilegales y el desplazamiento de esta actividad ilegal a otras áreas, así como la falta de coordinación en el monitoreo y ejecución de políticas, y la corrupción y debilidad institucional.
En cuanto a la política de trazabilidad, consideró que esta no ha funcionado especialmente bien para la cadena de suministro de oro. El análisis concluyó que falta coordinación y articulación entre las entidades responsables, existe una debilidad institucional y complicidad de los actores legales, y hay desafíos para regular eficazmente los mercados internacionales para prevenir el comercio de minerales ilegales.
