Hace quince días, todos los miembros del Directorio de Petroperú renunciaron debido a la falta de publicación de un Decreto de Urgencia (DU) que contenía reformas clave solicitadas por los directores. Entre estas medidas se incluían la contratación de un gestor privado, la venta de activos no críticos y un mecanismo para reducir la plantilla de personal de la empresa estatal.
A pesar de la renuncia del directorio, el gobierno peruano finalmente publicó el Decreto de Urgencia solicitado, pero esta medida llegó tarde y no fue suficiente para calmar las aguas. La demora en la implementación de estas reformas ha generado una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para gestionar de manera eficiente una empresa de esta envergadura.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, explicó que la Junta General de Accionistas, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), es la encargada de nombrar a los nuevos directores. Sin embargo, el proceso se ha retrasado debido a compromisos internacionales del ministro del MEF.
La propuesta de contratar un gestor privado para administrar Petroperú ha generado un intenso debate. Si bien algunos expertos consideran que esta medida es necesaria para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa, otros argumentan que podría llevar a la privatización de facto de un activo estratégico para el país.
La falta de liderazgo en Petroperú afecta gravemente su capacidad de tomar decisiones estratégicas, implementar reformas y mejorar su situación financiera. Además, la incertidumbre sobre su futuro preocupa a inversionistas y actores del sector energético.
El futuro de Petroperú es incierto. La elección de un nuevo directorio y la implementación de las reformas necesarias son pasos cruciales para salvar a la empresa. Sin embargo, la falta de consenso político y la presión de diversos grupos de interés podrían dificultar la toma de decisiones.