Pluz Energía Perú S.A.A., una de las principales empresas del sector energético en Perú, ha sido condenada por un laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima. Este fallo, derivado de una demanda de Kallpa Generación S.A. y Orazul Energy Perú S.A., está relacionado con contratos de suministro de electricidad. La decisión ha tenido un impacto significativo en el mercado eléctrico, subrayando la influencia de los cambios regulatorios en la dinámica contractual del sector.
El fallo arbitral reconoció que los contratos de suministro se volvieron excesivamente onerosos debido a cambios regulatorios introducidos por la Resolución Osinergmin N° 092-2021-OS/CD. Como resultado, Pluz Energía Perú tuvo que asumir costos adicionales no previstos en los acuerdos originales.
Entre las principales decisiones del Tribunal, se ordenó a Pluz Energía Perú el pago de más de S/ 95 millones a los demandantes: S/ 49,7 millones a Kallpa Generación S.A. y S/ 45,9 millones a Orazul Energy Perú S.A. Estas cantidades incluyen los intereses devengados desde 2021, reflejando el impacto financiero acumulado para la empresa.
Este caso resalta las tensiones entre empresas generadoras y distribuidoras debido a los cambios regulatorios. La resolución de Osinergmin se identificó como el principal factor que alteró la relación costo-beneficio en los contratos originales, generando el conflicto. Expertos señalan que este fallo podría sentar un precedente en la interpretación de cláusulas de onerosidad excesiva en contratos similares, afectando no solo a Pluz Energía, sino también a otras empresas del sector.
El impacto financiero para Pluz Energía podría afectar sus operaciones futuras y su competitividad en un mercado más regulado. Este fallo destaca la necesidad de que las empresas ajusten sus estrategias ante cambios regulatorios imprevistos. Además, los usuarios finales podrían sufrir un aumento en las tarifas eléctricas si estos costos adicionales se transfieren a ellos.
Pluz Energía Perú ha expresado su compromiso con el cumplimiento de la ley, pero está evaluando acciones legales para mitigar el impacto del laudo en sus operaciones. Este caso resalta la necesidad de un marco regulatorio más estable que ofrezca predictibilidad a los actores del sector y plantea preguntas sobre cómo el Estado peruano puede equilibrar los intereses de las empresas privadas con las necesidades de regulación en beneficio de los consumidores.
