Repsol ha decidido poner en pausa todos sus proyectos de inversión en hidrógeno verde en España. La multinacional energética argumenta que el «entorno regulatorio desfavorable», especialmente la propuesta del gobierno de hacer permanente el impuesto a las ganancias extraordinarias de las compañías energéticas, ha generado una gran incertidumbre y ha desincentivado las inversiones a largo plazo.
Un portavoz de la compañía informó que la decisión está directamente relacionada con el anuncio del gobierno liderado por Pedro Sánchez de transformar en permanente el impuesto que inicialmente se había establecido como temporal. Este impuesto, que fue introducido a principios de 2023, tenía como objetivo compensar el coste de las medidas de apoyo contra la inflación, pero ahora podría mantenerse de manera indefinida.
Esta decisión afecta a tres proyectos clave: uno de 100 megavatios en Bilbao, otro de 100 megavatios en Cartagena y un último de 150 megavatios en Tarragona. Estos proyectos representaban una apuesta significativa de Repsol por la transición energética y la producción de hidrógeno renovable, un combustible considerado fundamental para descarbonizar la economía.
A su vez podría comprometer el papel de España en el mercado global del hidrógeno verde, un sector en el que el país aspira a liderar gracias a sus abundantes recursos en energía solar y eólica. El hidrógeno verde, que se produce utilizando electricidad de origen renovable, es visto como una solución clave para descarbonizar industrias de alto consumo energético, como la siderurgia, además de ser una fuente prometedora para el transporte y la fabricación de fertilizantes.
Expertos señalan que la congelación de las inversiones de Repsol podría ralentizar la descarbonización de la industria y generar una pérdida de competitividad para el país. Además, podría disuadir a otras empresas de invertir en proyectos de hidrógeno verde en España.
Repsol, que en los últimos años ha emprendido un giro estratégico hacia las energías renovables, planea invertir entre 16,000 y 19,000 millones de euros hasta 2027, destinando casi el 60% de esa cantidad a proyectos en la península ibérica. Sin embargo, la permanencia del impuesto podría afectar gravemente estos planes, poniendo en riesgo la posición de liderazgo de España en el emergente mercado del hidrógeno verde.
