Perpetuar prejuicios y aislamientos en los proyectos sociales termina reforzando la desconfianza y limitando los acuerdos en territorios de América Latina, según expertos del GESS 2026.
En América Latina, los proyectos de gestión social y territorial enfrentan desafíos comunes: prejuicios, insularidad y desconfianza. Estos patrones afectan la colaboración y la sostenibilidad de las iniciativas en países como Perú y Colombia, donde la falta de confianza limita el alcance de soluciones colectivas, según explicó Miguel Suárez, director del Área de Paz y Desarrollo de la Fundación Ideas para la Paz.
Durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), Suárez advirtió que el prejuicio es una de las principales barreras para la construcción de confianza en los territorios. “Lo que creemos del otro, no en lo que sabemos del otro, sino en lo que creemos del otro, termina aislando y alimentando relatos estigmatizantes”, afirmó. Para ello, citó el Barómetro de la Confianza de Edelman, que señala que casi el 77% de las personas en Colombia y Perú no confía en quienes piensan de manera diferente.
El especialista señaló que las redes sociales han reforzado ese aislamiento y los prejuicios. “Las redes sociales reafirmaron las identidades y el aislamiento, dificultando la construcción de relatos compartidos y el diálogo entre actores diversos”, sostuvo. De acuerdo con datos del informe de Edelman, el 62% de los conflictos socioambientales en Colombia se concentran en territorios con alta presencia de poblaciones étnicas.
Según Suárez, la consecuencia de esta dinámica es la agudización de los conflictos y la reducción de oportunidades para la acción colectiva. “Si el diálogo no tiene reglas claras y consensos legítimos, los acuerdos terminan incumpliéndose y se profundiza la desconfianza”, advirtió.
Cuatro malas prácticas que debilitan la confianza territorial
A su turno, la investigadora afiliada al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Sobeida González, identificó cuatro malas prácticas que debilitan la confianza en la gestión social y territorial: prometer soluciones rápidas que luego no se cumplen, confundir la escucha con la realización de reuniones formales, excluir voces menos visibles y fomentar relaciones transaccionales entre empresas y comunidades. Estas conductas, advirtió, perpetúan la desconfianza y dificultan la construcción de acuerdos sostenibles.
González subrayó que la falta de memoria institucional y la rotación constante de funcionarios agudizan esta problemática, ya que los compromisos asumidos suelen desvanecerse con cada cambio de interlocutor. Además, destacó que la transparencia no debe limitarse a difundir información, sino garantizar que sea accesible y entendible para todos los actores involucrados.
Frente a estos retos, la especialista propuso fortalecer la acción colectiva a través de procesos estructurados: identificar problemas concretos, establecer metas realistas y asignar responsabilidades claras para cada parte. Para González, el seguimiento y la corrección conjunta de los compromisos asumidos son elementos indispensables para consolidar resultados y evitar la frustración social.
“Cada uno, la autoridad tiene que saber qué le toca, la empresa tiene que saber qué le toca, la comunidad tiene que saber qué le toca y la población tiene que saber qué le toca. Si lo ponemos en la mesa, nadie va a señalar con el dedo que la empresa es culpable o que el municipio es culpable”, concluyó.
