Juan Carlos Ortiz sostuvo que la competitividad del Perú dependerá de agilizar permisos, garantizar estabilidad para las inversiones y acompañar a las comunidades durante la vida útil de los proyectos.
El principal desafío para el próximo gobierno será destrabar la cartera de proyectos mineros y generar las condiciones necesarias para que nuevas inversiones se conviertan en obras, afirmó Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Ortiz señaló que el Estado debe asumir un rol más activo para agilizar permisos, brindar estabilidad a los inversionistas y garantizar el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.
El representante del IIMP recordó que el país dispone de proyectos mineros valorizados en más de US$ 60 mil millones, pero advirtió que la demora en los permisos y la inestabilidad política han restado atractivo frente a otros destinos de inversión.
«Tenemos que competir y tenemos que ser mucho más eficientes en permisos, tratar de mantener una estabilidad política, esa tranquilidad para invertir en un activo que va a durar treinta o cincuenta años y, por supuesto, hacerlo de la manera más limpia posible, aprovechando todas las oportunidades tecnológicas que existen«, afirmó durante una entrevista en Radio Nacional.
El presidente del IIMP explicó que mejorar la competitividad no significa flexibilizar las exigencias ambientales, sino optimizar la gestión pública. «La tarea, la agenda va a ser cómo hacer que esos proyectos se conviertan en obras en construcción. Ahí viene, como comentamos al inicio, temas de permisos, cómo hacer un poco más eficiente la gestión de permisos sin bajar la calidad de la evaluación en absoluto. Es decir, ser más eficiente, no demora cuatro años, a lo mejor se hacen dos, así como otros países del mundo«, señaló.
Ortiz sostuvo que otro aspecto fundamental para impulsar nuevas inversiones es fortalecer la presencia del Estado en las zonas donde se desarrollan proyectos mineros. En ese sentido, afirmó que el Gobierno debe asumir un rol permanente para garantizar el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.
«Tiene que estar el Estado presente como un articulador que garantice que va a haber un compromiso de largo plazo«, manifestó.
Añadió que la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades debe mantenerse durante toda la vida útil de las operaciones. «No es solucionar el problema instantáneo de poder conseguir el permiso social. Es que también vamos a estar ahí 40, 50 años; el Estado también va a estar 40 y 50 años. Entonces, tiene que estar el Estado siempre en esta conversación para poder garantizar y darle la tranquilidad a la población que los compromisos que asuman las empresas mineras van a ser cumplidos y traducidos en mejoras para la población«, enfatizó.
El líder gremial indicó que el sector también tiene pendiente fortalecer su comunicación con la ciudadanía para explicar los beneficios de la minería moderna y diferenciarla de las actividades ilegales.
«Tenemos una tarea pendiente para seguir difundiendo qué cosa es minería moderna, qué cosa es minería responsable y claramente marcar una línea, una división con lo que es la minería ilegal, la minería informal, que trae violencia y delincuencia«, terminó.
