El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) iniciará este año un Censo Nacional de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, con el objetivo de dimensionar y ordenar la actividad productiva que realizan miles de trabajadores a pequeña escala en el país. La medida forma parte de una estrategia más amplia de modernización institucional y simplificación administrativa anunciada por la Dirección General de Formalización Minera (DGFM).
Wilfredo Portilla Barrera, recientemente designado como titular de la DGFM, explicó que el censo será el primer paso para contar con información precisa sobre este sector. “Necesitamos ubicar dónde se encuentran estos pequeños mineros, cuántos son, quiénes son y dónde están, requerimos un sinceramiento operativo”, señaló. En ese sentido, indicó que la iniciativa busca ordenar la data y facilitar la toma de decisiones en materia de formalización.
El funcionario indicó además que se promoverán ajustes normativos para reducir la complejidad de los procedimientos actuales. “A esto llamamos, en términos de gestión empresarial, mejoramiento continuo. Aplicar una reingeniería a esta área porque es muy lenta, es muy pesada”, precisó.
Portilla subrayó que el proceso debe desarrollarse dentro de un enfoque de sostenibilidad, añadió que el “principio es dejar un mundo igual o mejor a nuestra futura generación, que el que nosotros encontramos”.
En paralelo, la DGFM coordina con los gobiernos regionales para culminar la transferencia del acervo documentario del proceso de formalización minera integral hacia el MINEM. Siete regiones ya completaron este procedimiento, mientras que con las restantes se establecerán canales de diálogo para acelerar la coordinación administrativa.
Finalmente, el funcionario adelantó que el sector priorizará la discusión y aprobación de la Ley MAPE, al considerar que esta normativa dará un marco más claro a la pequeña minería y minería artesanal.
“Le vamos a poner el punche para que esto se agilice. Y eso está dentro de lo que consideramos nosotros la reingeniería del proceso administrativo. O sea, es nuestra función hacerlo. Es nuestra obligación moral hacerlo. Y que de una vez haya una ley que garantice el derecho de estos 5 millones de personas”, concluyó.
