En el Perú, poner en marcha un proyecto minero puede tomar, en promedio, 40 años desde la etapa de exploración hasta la producción. Sin embargo, en el caso del cobre, ese plazo se extiende a 62 años, de acuerdo con el estudio De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El informe advierte que estos plazos se han alargado en un contexto de mayor complejidad regulatoria y expansión de la minería ilegal, y que la situación peruana no es aislada: a nivel mundial, los tiempos de desarrollo también han aumentado. Según un estudio de S&P Global, pasar del descubrimiento al inicio de la producción toma casi 28 años en promedio, cuatro veces más que hace dos décadas.
Hace medio siglo, el 20% de los proyectos mineros en el mundo entraba en operación dentro de los 10 años posteriores a su descubrimiento; hoy, apenas lo logra el 3%. Además, la cantidad de nuevos hallazgos se ha reducido y su probabilidad de entrar en operación es menor.
Un proceso largo y fragmentado
En el Perú, el 60% del tiempo total que demora desarrollar un proyecto se concentra en la fase de exploración hasta la factibilidad, mientras que el 40% restante corresponde a la obtención de permisos, autorizaciones ambientales y la construcción de la mina. En promedio, más de tres empresas distintas participan antes de concluir las exploraciones y estudios que determinan la factibilidad.
Para el IPE, esta realidad evidencia los desafíos técnicos y financieros que enfrenta la minería peruana, en un contexto donde el país impone más procedimientos administrativos que otras naciones competidoras, lo que complica y retrasa el inicio de operaciones.
Plazos que superan los límites legales
El IPE advierte que los plazos reales suelen exceder largamente los límites legales, particularmente aquellos vinculados con los permisos ambientales y la consulta previa. Además, subraya que, comparado con otros países mineros, Perú se demora más en otorgar concesiones mineras.
La falta de políticas adecuadas, señala, ha reducido la competitividad del sector. Según el Instituto Fraser, el país ha perdido atractivo para nuevas inversiones debido a la menor confianza empresarial, la debilidad institucional y el aumento de la inseguridad.
Las trabas regulatorias han provocado que de los 29 proyectos más grandes de cobre paralizados en el mundo, 9 estén en el país, lo que representa el 22% de la producción potencial mundial detenida. Esto significa que el Perú está dejando pasar la oportunidad de aprovechar los altos precios internacionales de los metales.
Desde 2020, la inversión minera se ha mantenido estancada en torno al 2% del PBI, menos de la mitad del 4,8% que se alcanzó en el ciclo de precios anterior (2013). En contraste, Chile ha elevado su inversión minera por encima del 4% de su PBI, mientras que el Congo superó al Perú en 2023 como segundo productor mundial de cobre.
Lo que el país está perdiendo
El IPE subraya que resolver estos retrasos es clave para impulsar el crecimiento económico. La minería genera 2,1 millones de empleos directos e indirectos, lo que equivale al 8,2% del total nacional. Su impacto regional es notorio: Apurímac pasó de ser la región más pobre a ocupar el puesto 16 en 2024, triplicando su PBI; mientras que Cajamarca, que redujo en 64% su producción de oro, volvió a ser la más pobre del país, pese a su gran potencial.
El instituto estima que ejecutar la actual cartera de proyectos podría aportar a la economía más de dos veces el valor del PBI, dinamismo que permitiría replicar la reducción de más de 20 puntos porcentuales en pobreza lograda entre 2007 y 2019, cuando bajó de 42% a 20%.
Medidas urgentes
Durante el evento Jueves Minero, organizado por el IIMP, el IPE presentó propuestas para agilizar el desarrollo minero. Estas incluyen simplificar y acelerar la tramitología, fortalecer instituciones clave en la certificación ambiental como el SENACE y la ANA, mejorar las relaciones con las comunidades y combatir la minería ilegal.
En el marco del debate sobre una nueva Ley MAPE, el IPE advirtió que a sabiendas de los tiempos que toman los procesos necesarios para el desarrollo de una operación minera, reducir los plazos de las concesiones mineras es abrir espacios para la minería ilegal.
