Más de 20 empresas del sector minero se ven afectadas por la expansión de la minería informal en concesiones formales. El gremio advierte sobre el riesgo que esta situación representa para las inversiones, el orden legal y la seguridad operativa.
La minería informal se ha consolidado como uno de los mayores retos para las empresas cupríferas que operan en el Perú. Actualmente, más de 20 compañías han reportado afectaciones directas en sus concesiones por parte de actores informales que desarrollan actividades extractivas sin cumplir con la normativa legal ni los estándares de sostenibilidad.
Empresas como Southern Copper, MMG Las Bambas, First Quantum, Teck Resources y otras importantes productoras de cobre han sido impactadas, ya sea por invasiones, paralizaciones, conflictos sociales o riesgos legales derivados de la presencia de mineros no formalizados en sus zonas de operación.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, calificó la situación como “el principal problema estructural que enfrenta la minería formal en el país”, señalando que la minería informal se ha expandido incluso en zonas donde hay inversiones activas y operaciones en marcha.
Aunque el volumen de cobre extraído por actores informales aún no representa una proporción significativa del total nacional, el problema se agrava porque esta actividad se realiza al margen del marco legal, sin licencia social validada, sin controles ambientales, y en muchos casos con presencia de organizaciones criminales que financian y protegen estos negocios ilícitos.
Uno de los puntos críticos identificados es el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta implementada por el Estado para permitir la formalización progresiva de los mineros informales. Sin embargo, desde el gremio minero se advierte que muchos inscritos en el Reinfo utilizan esa figura como un “escudo” legal para justificar actividades completamente informales, generando un efecto de impunidad.
El gobierno ha prorrogado la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2025, una medida que ha sido criticada por algunos sectores empresariales que piden mayor rigurosidad y un verdadero control. Asimismo, se discute en el Congreso la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (ley MAPE), cuya actual redacción es vista por la industria como una amenaza a la minería formal, ya que podría abrir la puerta a la legalización de prácticas irregulares.
“La ley tal como está planteada no distingue entre el pequeño productor que quiere formalizarse y las mafias que se disfrazan de mineros artesanales. Eso nos preocupa profundamente”, señaló un ejecutivo de una minera internacional que pidió mantener el anonimato.
El conflicto entre minería informal y formal ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a la alta cotización internacional del cobre, que ha incentivado la explotación ilegal del mineral en regiones como Apurímac, Cusco, Cajamarca y Áncash.
Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ha reconocido el problema, pero también se ha insistido en que la solución pasa por un enfoque integral, que combine fiscalización, oportunidades de formalización y fortalecimiento del Estado en las zonas donde predomina la economía ilegal.
La minería informal, que ya representa una carga para el Estado en el caso del oro, empieza a replicar ese patrón en el sector cuprífero, uno de los pilares de las exportaciones peruanas. El escenario actual exige decisiones firmes y una coordinación entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado para evitar que esta amenaza socave la competitividad y la sostenibilidad del sector minero peruano.
