La ausencia de control sobre la minería ilegal expone al país a una pérdida multimillonaria, al poner en jaque el Estado de derecho, según María Antonieta Merino docente de las universidades Pacífico y de Lima.
En toda democracia, el respeto al marco legal es esencial para garantizar el funcionamiento del Estado y la convivencia ciudadana. Sin embargo, cuando las leyes son ignoradas o manipuladas, dejan de ser un escudo para la justicia y se convierten en herramientas al servicio de intereses particulares. En Perú, la minería ilegal es hoy uno de los mayores ejemplos de cómo se puede distorsionar el sistema legal para favorecer redes de poder que operan al margen del Estado.
Un caso emblemático se da en la región de Madre de Dios, donde esta actividad ilícita está fuertemente ligada a la deforestación, la trata de personas y otras formas de criminalidad. La violencia documentada en zonas como La Pampa o en el Vraem confirma que estas redes han superado largamente la lógica del delito aislado: hoy constituyen una amenaza directa a la seguridad pública y a la institucionalidad democrática.
Según estimaciones, entre 2014 y 2023 la minería ilegal movilizó alrededor del 60% de los activos ilícitos del país, generando ingresos superiores a los 9 mil millones de dólares. Esta cifra incluso supera los ingresos del narcotráfico, con operaciones que dañan gravemente los ecosistemas, precarizan el trabajo y eluden por completo cualquier tipo de tributación.
Además, se calcula que aproximadamente el 40% del oro exportado por el Perú tiene un origen ilegal, lo que se traduce en pérdidas de más de 590 millones de dólares anuales solo por actividades ilegales en Madre de Dios. A ello se suma que las mafias mineras, amparadas en múltiples vacíos legales, logran evadir hasta 3 mil millones de dólares en impuestos, gracias a un entorno caracterizado por trámites burocráticos complejos, demoras institucionales y falta de fiscalización efectiva.
Este escenario plantea un desafío serio al Congreso, cuya función es representar los intereses de la ciudadanía y resguardar el principio de legalidad. También interpela al Ejecutivo, que no puede seguir cediendo espacios de decisión ante grupos que operan fuera del marco normativo. La neutralidad del Estado frente a este problema solo fortalece lo ilícito y debilita el sentido de justicia.
No basta con hablar de formalización. El reto es transformar profundamente el sistema, no maquillarlo. Si no se enfrentan de raíz las causas estructurales que permiten que la ilegalidad crezca, el Perú corre el riesgo de normalizar un orden paralelo donde las leyes solo se apliquen a los que no tienen poder.
