La falta de predictibilidad en los permisos de exploración minera en Perú contrasta con un sistema chileno que permite iniciar actividades tempranas sin evaluaciones ambientales complejas, advirtieron expertos.
La tramitología para la exploración minera en Perú puede extenderse hasta dos años antes de iniciar perforaciones, un plazo que contrasta con la mayor agilidad de Chile, donde las fases iniciales pueden avanzar en cuestión de semanas, según coincidieron expertos durante una mesa redonda en proEXPLO 2026.
Una de las principales preocupaciones de los inversionistas es el tiempo que toma obtener los permisos. “Una de las primeras preguntas que nos hacen es: ¿en cuánto tiempo voy a poder perforar?”, señaló Miyanou Dufour, socia de Hernández & Cía. Sin embargo, advirtió que en muchos casos no es posible asegurar que ese proceso se complete dentro de un año, e incluso puede tomar uno o dos años, lo que termina afectando decisiones de inversión.
Este nivel de incertidumbre contrasta con la experiencia chilena. Gonzalo Grez, socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, explicó que la normativa en ese país permite realizar actividades de exploración inicial —incluyendo campañas de perforación con decenas de plataformas— sin necesidad de ingresar a una evaluación ambiental previa compleja, lo que permite a los proyectos avanzar con mayor rapidez desde etapas tempranas.
En Perú, en cambio, incluso instrumentos diseñados para ser ágiles, como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pueden tomar entre siete y nueve meses en aprobarse. A ello se suman otros factores que alargan los plazos, como la intervención de múltiples entidades, la falta de coordinación entre autoridades y la aplicación de criterios dispares en la evaluación de expedientes.
“La legislación es bastante fragmentada y es aplicada por varias autoridades, lo que genera complejidad en los procesos”, explicó Dufour. A esto se agregan limitaciones en capacidades técnicas dentro del Estado y demoras en la emisión de opiniones vinculantes por parte de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Predictibilidad del sistema
Los especialistas coincidieron en que el problema no responde a un solo factor, sino a una combinación de elementos que reducen la predictibilidad del sistema. La falta de articulación entre instituciones y la ausencia de plazos efectivos con consecuencias por incumplimiento terminan afectando la eficiencia de los permisos.
El contraste con Chile radica no solo en los tiempos, sino en el enfoque regulatorio. Mientras el país vecino permite avanzar rápidamente en las primeras etapas de exploración sin mayores cargas administrativas, el esquema peruano concentra exigencias desde fases iniciales, lo que eleva los costos y riesgos para los inversionistas.
Pese a ello, Dufour destacó que existen oportunidades de mejora dentro del marco actual, sin necesidad de reducir los estándares ambientales y sociales. Entre ellas, mencionó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, uniformizar criterios de evaluación y establecer plazos más predecibles.
En un contexto de creciente demanda por metales y competencia global por atraer inversiones, la capacidad de los países para agilizar sus procesos de exploración se vuelve un factor determinante. En ese escenario, la brecha entre Perú y Chile en materia de permisos podría influir en el destino de nuevos proyectos mineros en la región.
