Mineros ilegales han comenzado a operar en la concesión de Las Bambas, específicamente en la cantera de Apuchunta, administrada por la comunidad de Pamputa. Esta situación ha generado un debate sobre la existencia y calificación de la minería ancestral, ya que Pamputa posee los derechos de superficie, pero no los del subsuelo, que pertenecen a MMG, la empresa a cargo de Las Bambas.
Según José Gonzáles, editor internacional de Rumbo Minero, la cantera de Apuchunta emplea a 5,000 personas y produce $300 millones al año en cobre. El mineral extraído es llevado a Nazca, donde se comercializa a través de traders de metales. Esta actividad ha planteado interrogantes sobre la formalización de la minería ancestral y su impacto en la economía local.
Además, advirtió que la imposición de los aranceles de EE. UU. generará volatilidad e inestabilidad en los mercados, a pesar de la convicción del presidente Donald Trump de que estas medidas pueden generar ingresos significativos para el país, hay un consenso en el mercado que indica que estas tarifas podrían generar inflación elevada y una desaceleración económica.
La operación de mineros ilegales en Las Bambas ha abierto un debate sobre la necesidad de regular y formalizar la minería ancestral, así como de establecer criterios claros para su calificación. La situación también plantea desafíos para las autoridades y las empresas mineras, que deben encontrar soluciones pragmáticas que equilibren los derechos de las comunidades locales con los intereses de la industria.
