Han transcurrido tres años desde el desastre ambiental del 15 de enero de 2022 en el mar de Grau, y muchas interrogantes siguen sin resolverse.
Para analizar los avances y retos pendientes en la reparación de los daños, la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Medio Ambiente, Cambio Climático y Pueblos Indígenas, organizó una reunión multisectorial con diversas entidades estatales.
A la fecha, no se cuenta con una valorización económica exacta del impacto ambiental, ni de los efectos en el ecosistema marino y la economía de miles de familias afectadas, como pescadores, comerciantes y empresarios del sector turístico.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) señaló que la empresa encargada de la evaluación ambiental no cumplió con los términos establecidos, dejando el proceso inconcluso y sin una estimación precisa del daño ni de las responsabilidades financieras. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que muchas de las sanciones impuestas a REPSOL aún están en litigio, lo que retrasa su ejecución. Además, no se tiene certeza sobre la cantidad de petróleo que aún contamina el mar peruano. Según la empresa, solo el 40 % de los 12,000 barriles derramados ha sido recuperado, lo que significa que más de 7,200 barriles siguen afectando el litoral.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) indicó que el 72 % de los planes de rehabilitación presentados por REPSOL han sido observados, evidenciando la necesidad de ajustes para garantizar una remediación efectiva. Por otro lado, el MINAM advirtió que la falta de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para sedimentos con hidrocarburos dificulta el monitoreo de la contaminación. En el ámbito legal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) señaló que REPSOL podría enfrentar una compensación civil de hasta 1,700 millones de soles, aunque las sanciones penales no superarían los tres años de prisión, sin cárcel efectiva. Además, instituciones como SERFOR y SERNANP advirtieron que la respuesta inicial a la emergencia se vio limitada por restricciones logísticas y presupuestarias. Según SANIPES e IMARPE, cada monitoreo especializado de la zona afectada requiere más de 250,000 soles para un análisis detallado del impacto ambiental. Expertos estiman que la recuperación total del ecosistema podría tardar hasta 25 años.
Sin embargo, el gobierno central aún no ha destinado un presupuesto específico para el seguimiento de este proceso. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) informó sobre la implementación de nuevos sistemas de contingencia para prevenir futuros desastres. Mientras tanto, DIGESA y DIRESA Callao siguen monitoreando las playas afectadas para determinar cuáles son seguras y cuáles aún presentan niveles de contaminación. A la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo asistieron representantes del Ministerio de Defensa (MINDEF), el Gobierno Regional del Callao, la DIRIS Lima Norte, el Ministerio de la Producción y el Congreso de la República. La Defensoría reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar un ambiente sano y salvaguardar los derechos de la población afectada, promoviendo acciones coordinadas para la recuperación ambiental y social.
