El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está considerando ajustes en la normativa vigente para acelerar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, con el objetivo de integrar a más de 25,000 mineros al circuito legal y fomentar su contribución a la economía nacional.
Uso de concesiones extinguidas para formalizar mineros
Una de las principales medidas en evaluación es la posibilidad de asignar concesiones extinguidas a mineros artesanales en proceso de formalización. Según Máximo Gallo, titular de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), actualmente estas concesiones revertidas al Estado no pueden ser entregadas nuevamente, lo que impide su aprovechamiento productivo.
«Los mineros podrían ser los nuevos titulares de esas concesiones y así tendríamos 25 mil mineros para formalizar y sería un golazo», señaló Gallo, en entrevista con Radio Nacional.
Depuración del REINFO para combatir la minería ilegal
Otro punto clave es la revisión y depuración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con el propósito de eliminar a quienes usan este registro de forma indebida o sin realizar actividad minera real.
Máximo Gallo señaló que, con esta depuración, se va a poder identificar a aquellas personas que no producen recursos minerales y aquellos que utilizan el REINFO y su inscripción para beneficiarse indebidamente.
Implementación de un sistema de trazabilidad del oro
Para fortalecer la fiscalización y garantizar la transparencia en la actividad minera, el MINEM trabaja en la creación de un sistema interoperable que unifique las bases de datos del Estado relacionadas con la minería. Esta herramienta permitirá realizar un seguimiento detallado de la extracción y comercialización del oro, facilitando también la lucha contra la minería ilegal.
Simplificación de procesos y nuevas competencias
Además, el ministerio busca simplificar los trámites administrativos para facilitar la formalización, al mismo tiempo que se establece una nueva distribución de responsabilidades: el MINEM asumirá la formalización de la minería a pequeña escala, mientras que los gobiernos regionales se encargarán de la fiscalización.
