El jefe de La presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso con las comunidades indígenas, mientras que el 60 % del Congreso apoya normativas que favorecen la minería ilegal y la deforestación de bosques ancestrales.
El 20 de febrero de 2025, en la ciudad de Tarapoto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció en medio de una crisis ambiental que impacta a las comunidades indígenas y a los ecosistemas amazónicos. Durante su discurso, reafirmó el compromiso del Gobierno peruano en la lucha contra la minería ilegal.
«Sus territorios están siendo atacados, pero queremos que sepan que estamos con ustedes en esta batalla contra la minería ilegal, que arrasa sus bosques, contamina sus ríos y amenaza su biodiversidad», declaró Adrianzén.
El evento contó con la participación de autoridades regionales, representantes del Ministerio del Ambiente (Minam) y líderes indígenas de Loreto, Madre de Dios y San Martín.
El premier anunció públicamente el financiamiento de planes de negocio para las comunidades afectadas, destinando más de 9.6 millones de soles con el propósito de impulsar la conservación ambiental y promover alternativas económicas sostenibles.
Asimismo, se entregaron equipos de vigilancia forestal a líderes indígenas, con el fin de reforzar la protección de sus territorios frente a la minería ilegal. La distribución de indumentaria, equipos de campo y kits de primeros auxilios a más de 80 vigilantes comunales evidenció, al menos en el discurso, la intención del Gobierno de salvaguardar la Amazonía.
No obstante, mientras Adrianzén pronunciaba sus compromisos en Tarapoto, la minería ilegal seguía avanzando sin freno en la región. Esta actividad ilícita, especialmente en la extracción de oro, sigue siendo uno de los principales impulsores de la destrucción ambiental y social en la Amazonía peruana.
En Madre de Dios, una de las áreas más afectadas, la minería ilegal ha arrasado más de 31,000 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas. Impulsada por la corrupción, la falta de fiscalización y la ausencia de alternativas económicas sostenibles, esta problemática continúa desplazando a las comunidades indígenas y degradando los ecosistemas, mientras que actores ilegales y corporaciones transnacionales se benefician de su expansión.
Las promesas no concuerdan con la realidad
Las promesas de erradicar la minería ilegal han sido reiteradas, pero los avances concretos siguen siendo escasos. Durante la gestión de Adrianzén, iniciativas como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han fracasado rotundamente, permitiendo que la minería ilegal continúe operando sin restricciones.
Un informe de Videnza Consultores, publicado en octubre de 2024, estima que esta actividad ilícita mueve más de 6,000 millones de dólares anuales en el Perú, superando incluso los ingresos generados por el narcotráfico. Este flujo de dinero no solo ha acelerado la destrucción ambiental, sino que también ha permeado las estructuras de la política peruana.
El problema de raíz no es solo la ausencia de políticas públicas efectivas, sino la fuerte influencia de la minería ilegal en el Congreso peruano. Un estudio titulado El Estado ante el avance de la minería ilegal en Loreto, realizado por Omayra Peña Jiménez y Paolo Sosa Villagarcia para el Natural Resource Governance Institute (2024), revela que cerca del 60 % de los parlamentarios han respaldado proyectos de ley que favorecen la desregulación minera, perpetuando el círculo vicioso de la informalidad.
Estas iniciativas legislativas, como la prórroga del proceso de formalización minera, han beneficiado principalmente a operadores ilegales, facilitando su permanencia en la actividad. Un claro ejemplo es el Partido Perú Libre, que ha encabezado la aprobación de estas medidas, con 21 congresistas votando a favor de más de cinco proyectos que flexibilizan la regulación del sector.
La corrupción y la infiltración de funcionarios en los niveles regionales y nacionales son factores determinantes que perpetúan la minería ilegal. En regiones como Loreto, los gobiernos locales son acusados de ser fácilmente influenciados por las mafias mineras, lo que debilita aún más los esfuerzos de fiscalización y control.
Según Melissa Marengo, abogada del Natural Resource Governance Institute, la ausencia de autoridad y la corrupción dentro de las instituciones han permitido que las redes criminales se apropien de la minería ilegal.
El porvenir de la amazonía peruana y la minería ilegal
A pesar de los discursos oficiales y las reiteradas promesas de apoyo a las comunidades afectadas, la minería ilegal sigue expandiéndose, dejando a su paso un rastro de devastación ambiental y conflictos sociales. En Madre de Dios, los estragos son innegables: deforestación acelerada, contaminación por mercurio y enfermedades asociadas a la actividad minera. La región ha perdido extensas áreas de bosques tropicales, transformadas en campamentos mineros y cuerpos de agua envenenados por residuos tóxicos.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, con presuntos vínculos con la minería ilegal, ha sido señalado como una figura clave en la perpetuación de estas actividades, lo que genera serias dudas sobre la verdadera voluntad del Gobierno para frenar esta crisis.
En este escenario, las promesas de Adrianzén y otros altos funcionarios pierden credibilidad al enfrentarse con el peso del poder político y los intereses económicos que protegen la minería ilegal. Mientras tanto, las comunidades indígenas, pese a recibir gestos simbólicos de respaldo, continúan en una lucha desigual contra una amenaza constante que pone en riesgo su supervivencia y la de su entorno.
