En los últimos años, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) han dejado de ser solo un estándar reputacional para convertirse en un factor clave de competitividad en la industria minera. Hoy, el desafío no se limita a operar eficientemente una unidad minera, sino a cómo se planifica y ejecuta su cierre, y qué legado ambiental y social deja en el territorio.
El Perú registra más de 8,000 pasivos ambientales mineros, según el Inventario Nacional de Pasivos Ambientales Mineros publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el marco de la Ley N.° 28271. Muchos de estos pasivos están asociados a operaciones históricas que no contaron con estándares modernos de cierre. Esta situación no solo plantea un reto ambiental significativo, sino también un riesgo social y reputacional que impacta directamente en la sostenibilidad del sector.
Desde una mirada ESG, el cierre de minas atraviesa sus tres pilares fundamentales.
En el ámbito ambiental, implica asegurar estabilidad física y química a largo plazo, controlar drenajes y garantizar un monitoreo post cierre que reduzca riesgos futuros.
En el componente social, exige una gestión preventiva de conflictos, participación de las comunidades y la definición de usos futuros del territorio que generen valor sostenible.
Y en gobernanza, demanda transparencia, cumplimiento normativo y planificación financiera responsable desde la etapa operativa.
En este contexto, el Centro de Investigación y Estudios Minero-Ambientales (CIEMAM) viene gestionando de manera directa y voluntaria la rehabilitación de más de 400 pasivos ambientales mineros en la provincia de Hualgayoc, Cajamarca. La experiencia en campo demuestra que el cierre no puede entenderse únicamente como una exigencia regulatoria, sino como un proceso técnico integral que requiere articulación social y planificación territorial de largo plazo.
En un escenario preelectoral, donde el debate sobre desarrollo, inversión y sostenibilidad volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública, resulta fundamental que las propuestas de los futuros candidatos a la Presidencia incorporen una visión clara sobre la gestión y transformación de los pasivos ambientales mineros. No se trata solo de remediar impactos heredados, sino de convertirlos en oportunidades de recuperación territorial, generación de empleo y fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Integrar la rehabilitación de PAM como política de Estado enviaría una señal concreta de compromiso con un modelo de minería responsable, alineado con los estándares ESG que hoy exige el país y el mercado internacional.
