El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, anunció que ampliará a Cajamarca y otras zonas del país el modelo de intervención integral aplicado en la provincia de Pataz (La Libertad), como parte de una estrategia para frenar la expansión de la minería ilegal y su vínculo con el crimen organizado. La medida contempla una acción coordinada del Estado en territorios considerados de alta complejidad.
El ejecutivo señaló que Cajamarca figura entre las regiones priorizadas por el Gobierno. “Estamos priorizando algunas regiones totalmente complejas para el tema de la minería ilegal, como es el caso de Cajamarca, también en el corredor sur donde hay que combatir y hay que desplegar todos los esfuerzos”, afirmó en entrevista con Radio Líder de Cajamarca.
Según explicó, el denominado Modelo Pataz podría implementarse en Cajamarca durante el segundo trimestre del año, mediante un enfoque multisectorial que articula a las fuerzas del orden con diversas entidades del Ejecutivo. Esta intervención incluye la conformación de un Comando Unificado, la aplicación de rutas fiscales obligatorias, el control de insumos a través del sistema SIPMMA y una presencia territorial sostenida para restablecer el orden en zonas críticas.
El titular del sector precisó que la estrategia contempla inversiones directas en infraestructura y tecnología. “Son acciones de control en campo directamente a ser ejecutados en el mismo Cajamarca con inversiones específicas, en instalaciones, balanzas, equipamiento, software y comunicaciones, para poder atender esta estrategia que se desarrolla con el alto comisionado”, remarcó.
En paralelo al despliegue operativo, el ministro informó que el Ejecutivo viene reforzando el marco normativo para combatir la minería ilegal. En ese contexto, destacó la reciente aprobación del Decreto Legislativo 1695, que amplía las sanciones más allá de la extracción ilícita e incorpora a toda la cadena logística.
“No solo sanciona la extracción, sino toda la cadena logística, desde transporte, almacenamiento, comercialización y todo mineral de origen ilegal”, indicó Bravo, al precisar que la norma contempla “sanciones, multas, inhabilitaciones y penas de cárcel entre 6 y 9 años”.
El ministro también resaltó el peso de la minería formal en la economía regional. De acuerdo con cifras oficiales, la inversión minera en Cajamarca superó los S/150 millones en 2025, generando más de 22 mil empleos y transferencias por canon y regalías que superaron los S/350 millones.
“La presencia de la minería en Cajamarca es muy fuerte”, enfatizó el titular del MINEM, al señalar que estas actividades son desarrolladas por empresas formales que operan de manera ambiental y socialmente responsable, y que representan una fuente clave de recursos para el desarrollo de la región.
El Ejecutivo sostiene que la combinación de control territorial, fortalecimiento legal y promoción de la minería formal es clave para recuperar zonas afectadas por economías ilegales y garantizar condiciones de seguridad y desarrollo sostenible en el país.
