El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, sostuvo una reunión de trabajo con el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, para revisar los avances y ajustes en la estrategia nacional contra esta actividad ilícita, considerada una de las amenazas más complejas para el Estado en materia de seguridad, ambiente y economía informal.
Durante la presentación, García Esquerre subrayó la magnitud del problema y la necesidad de mantener una estrategia articulada. “El objetivo de esta presentación, ministro, es mostrarle cuál es la verdadera dimensión del problema de la minería”, señaló, explicando que la Estrategia Nacional contempla tres frentes coordinados: interdicción, formalización e instalación de puestos de control multisectoriales para cortar insumos clave como combustible y maquinaria.
El alto funcionario resaltó el avance del llamado Modelo Pataz, basado en rutas fiscales obligatorias, controles integrados y sistemas informáticos interoperables, que, según dijo, podría replicarse en áreas críticas de la Amazonía. La propuesta apunta a reducir la vulnerabilidad territorial en zonas como El Cenepa y Río Santiago (Amazonas) y ríos Putumayo, Yaguas, Nanay y Tigre (Loreto).
A nivel normativo, García valoró los recientes cambios legislativos enfocados en elevar el riesgo penal para los operadores ilegales. Entre ellos, mencionó el Decreto Legislativo Nº 1695, que eleva las penas privativas de libertad a entre 5 y 9 años para los implicados en la extracción, beneficio, transporte y comercialización ilegal de minerales, así como las modificaciones al Código Penal (art. 307A, 307E, 307F y 307G), que endurecen sanciones a quienes financian, acopian, trasladan o exportan mineral de origen ilícito. “Esta normativa busca desarticular toda la cadena de valor de esta actividad ilícita”, puntualizó.
El Alto Comisionado también destacó el presupuesto asignado para reforzar el control territorial y la trazabilidad del mineral, señalando que se requiere un rediseño desde el propio MINEM para asegurar una cadena verificable de origen y destino de los materiales.
Por su parte, el ministro Bravo remarcó la importancia del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), desarrollado con apoyo del Banco Mundial. “El SIPMMA es una valiosa herramienta clave para controlar la minería ilegal. Este sistema permite la fiscalización en tiempo real de la producción, insumos, explosivos y geolocalización (GPS) para validar actividades autorizadas”, afirmó.
Bravo, junto al viceministro de Minas, Carlos Talavera, reafirmó el compromiso del gobierno para profundizar la trazabilidad, acelerar la formalización y fortalecer la coordinación con fuerzas del orden para el cierre de operaciones ilegales.
