Viceministro de Economía alertó en PERUMIN 37 que Perú lidera ranking de demandas internacionales y pierde la mayoría de casos, generando millonarias indemnizaciones.
En el marco de la Cumbre Minera de PERUMIN 37, el viceministro de Economía, Erick Lahura, lanzó una advertencia sobre la urgencia de reducir la burocracia estatal y avanzar hacia la digitalización de los procesos administrativos, como condición indispensable para atraer inversión y garantizar crecimiento sostenido.
“Una economía sólida, estable y predecible, con una política fiscal responsable, es la base para construir competitividad. Pero sin reformas internas, esa solidez no se traduce en beneficios reales para los ciudadanos ni para la inversión”, afirmó Lahura, durante el panel “Desregulación para la Competitividad”, que congregó a líderes del sector público y privado.
El viceministro destacó que un ciudadano peruano invierte en promedio 8.6 horas para completar un trámite, y que el 41 % de los procedimientos requiere tres o más interacciones. “Estamos en la era de la digitalización y la inteligencia artificial. No es posible que los procesos sigan siendo tan engorrosos. Necesitamos plataformas que tracen cada trámite en tiempo real y reduzcan la discrecionalidad que hoy abre la puerta a la corrupción”, remarcó.
Sobreregulación genera indemnizaciones millonarias
Lahura advirtió, además, que la sobrerregulación está encareciendo el costo de hacer negocios y generando litigiosidad sin precedentes. Perú es el país más demandado del mundo en el CIADI, con 42 casos abiertos y la mayoría de ellos desfavorables, lo que ya representa indemnizaciones millonarias para el Estado.
“Este nivel de conflictividad no solo afecta a la inversión privada formal —la que más cumple con las normas— sino que termina impactando en el crecimiento y en la recaudación fiscal que el país necesita para cerrar brechas sociales”, señaló.
El panel concluyó con un llamado del MEF a impulsar una estrategia integral de simplificación y digitalización de trámites, en coordinación con el sector privado y el Congreso, para garantizar un entorno de inversión más eficiente y transparente.
