Estados Unidos oficializó un arancel del 50% a las importaciones de cobre, y aunque los cátodos de cobre refinado —el principal producto exportado desde Perú— fueron exceptuados de la medida, se prevé un impacto en una parte significativa del comercio bilateral. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo el 2.4% del cobre peruano tiene como destino EE.UU., pero su efecto en manufacturas específicas podría ser considerable.
Durante 2024, el país norteamericano compró alrededor de US$ 910 millones en cobre y manufacturas al Perú, de los cuales US$ 566 millones correspondieron a cátodos. Sin embargo, otros productos como chapas, bandas, barras, alambres y perfiles de cobre refinado sí quedarían afectados. Estas categorías representan cerca de un tercio del total de exportaciones de manufacturas de cobre a ese mercado.
«Las barras, las chapas y los alambres claramente son los que van a ser afectados. Si a Estados Unidos les exportamos más o menos US$ 900 millones en esta industria, de los cuales US$ 600 millones eran cátodos y no van a estar afectados, estamos hablando que la afectación bordearía los US$ 300 millones», explicó Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Adex).
La medida afecta a ocho de las diez categorías principales de productos de cobre que el Perú envía a Estados Unidos, incluyendo tubos, cables, láminas y otras manufacturas con alto contenido de cobre. «No son las grandes mineras ni refinadoras, sino empresas medianas que tienen a estos productos como sus principales exportaciones y, sobre todo, aquellas que tienen una diversificación más baja y que dependen más de Estados Unidos. Es un arancel bastante alto y prohibitivo; genera sobrecostos y dependiendo del poder de negociación lo más probable es que deje de comprar o que le traslade ese costo al vendedor», sostuvo Vásquez.
El impacto podría ser crítico para pequeñas y medianas empresas, que difícilmente podrían absorber un sobrecosto de 50%. De hecho, algunas podrían paralizar sus envíos al no poder trasladar el incremento de precio a sus compradores estadounidenses.
«Va a haber una una decisión de negociación rápida con los compradores, que van a definir si van a cancelar o no los pedidos que tenían. Una segunda circunstancia es que las empresas van a tratar de buscar nuevos compradores en otros lugares del mundo, pero no suele ser algo tan sencillo en el corto plazo», señaló Vásquez.
El margen de maniobra para renegociar contratos o redirigir envíos es limitado, pues estos acuerdos suelen cerrarse con meses de anticipación. Por ahora, solo las empresas con una baja dependencia del mercado estadounidense tendrían mayor capacidad para redireccionar sus productos.
Un aspecto que genera especial preocupación entre los exportadores es la falta de comunicación oficial sobre las gestiones diplomáticas del Gobierno peruano ante esta medida. «Es importante saber en qué punto está el Perú. Desde abril hasta ahora ya han pasado cuatro meses y no sabemos cuál es la situación, qué tanto el Perú está negociando para que se nos levanten estas medidas», advirtió Vásquez.
Aunque el Perú mantiene un arancel adicional del 10% en otros rubros, esta nueva medida —al margen de esa discusión— plantea un reto inmediato para las exportaciones de manufacturas de cobre y la estabilidad de los exportadores medianos que dependen del mercado estadounidense.
