El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aseguró que los mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tienen el derecho de presentar recursos administrativos, como reconsideraciones o apelaciones, tal como establece la ley. “No estamos abriendo ninguna puerta ni flexibilizando nada. Lo que estamos haciendo es recordar un derecho que tienen todos los ciudadanos”, declaró en entrevista con RPP.
La afirmación ocurre en medio del proceso de instalación de una mesa técnica liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, que durante 60 días buscará consensuar medidas que impulsen la formalización minera artesanal y enfrenten la minería ilegal.
El ministro explicó que los decretos supremos 009 y 012, que sustentan la depuración del Reinfo, fueron emitidos con respaldo técnico y normativo. Sin embargo, reiteró, “si hubiera algún registro excluido que tenga argumentos verificables, puede presentar su reconsideración”. Aseguró que esta posibilidad de apelación ha estado siempre vigente y es usada “frecuentemente” por los mineros. No obstante, reconoció que el malestar por la depuración contribuyó a las protestas recientes.
Montero aclaró también que “La vigencia indefinida del Reinfo no se ha dado por las reconsideraciones, sino por las ampliaciones sucesivas aprobadas por el Congreso en tres oportunidades”. El objetivo actual, agregó, es lograr una formalización activa y efectiva de los 31,560 registros habilitados hasta diciembre de 2025.
Formalización en cifras
Según datos del MINEM, más de la mitad de los registros activos del Reinfo (16,445) operan en concesiones ajenas. De estos, el 70% se desarrolla en concesiones de pequeña minería o minería artesanal. “Esta es la estrategia para construir una sola minería en el Perú”, remarcó el ministro. “No una minería fragmentada ni enfrentada, sino una minería en la que distintos actores puedan convivir de forma legal”.
Otros 3,656 registros están en concesiones propias o ya tienen contrato de explotación. Estos casos requieren solo completar su instrumento de gestión ambiental o regularizar sus declaraciones de producción.
Plantas ilegales y ley pendiente
Sobre las plantas procesadoras ilegales, Montero precisó que existen 377 plantas registradas y formalizadas. “Cualquier otra que opere fuera de ese padrón es ilegal”, subrayó, aunque evitó dar cifras exactas sobre instalaciones clandestinas por la dificultad de rastreo.
Respecto a la nueva Ley MAPE (para la minería artesanal y de pequeña escala), el titular del MINEM señaló que su discusión no culminará hasta que lo haga la mesa técnica. Enfatizó que esta normativa debe evitar ser utilizada como un mecanismo para perpetuar la informalidad: “La nueva norma no puede incluir propuestas que pretendan extender sin límite el proceso de formalización ni abrir espacios a intereses ilegales. Eso no debe ser parte de una ley seria”, concluyó.
