Aunque la inseguridad ciudadana se ha consolidado como el principal problema del país, la minería ilegal continúa expandiéndose, especialmente en las zonas altoandinas y amazónicas, generando ganancias ilícitas que superan incluso al narcotráfico y causando un profundo daño al medioambiente.
Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió en conferencia de prensa que “de un tiempo a esta parte la minería ilegal ha adquirido bastante importancia, debido a que es un delito fuente del cual convergen varias formas de criminalidad. A partir de la minería ilegal se genera trata, sicariato, extorsión, seguramente también lavado de activos. Entonces, este delito como delito fuente nos genera gran preocupación en el Ministerio Público”.
Actualmente, son diez las regiones afectadas por este delito: Loreto, Amazonas, Piura, Áncash, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Puno. Dentro de ellas, se han identificado diez zonas de alto riesgo, incluyendo Dátem del Marañón, Condorcanqui, Ayabaca y la Reserva Comunal del Sira. Asimismo, se reporta presencia de minería ilegal en 32 distritos de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Huánuco.
Según Almanza, “solo en Puerto Maldonado alrededor de 50,000 personas se dedican a esta actividad ilegal. A nivel nacional estamos hablando de más de 250,000 personas que trabajan en esto”. En la misma región, apenas 5,000 mineros están formalizados, mientras más de 40,000 operan en condiciones ilegales o informales.
Sobre el impacto económico, detalló, “la minería ilegal hoy en día es la principal economía ilícita en el país, superando al narcotráfico”. Se calcula una pérdida anual de S/ 22,700 millones en recaudación —equivalente al 2.5% del PBI— y un movimiento de US$ 143 millones en operaciones financieras sospechosas, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Definitivamente, lo que debe quedar claro es que esta minería ilegal, como se quiere hacer pasar, no es una minería de subsistencia. No se puede equiparar a un minero ilegal con un agricultor”, subrayó. Explicó que un motor básico cuesta S/ 50,000 y puede producir hasta S/ 18,000 diarios. Si se usa maquinaria pesada, la inversión sube a S/ 900,000, pero los ingresos también: más de S/ 36,000 por día.
El daño ambiental también es profundo. Almanza alertó que esta actividad ilícita “afecta al 13% del total de distritos amazónicos, a 22 ríos amazónicos y ocupa 25 millones de hectáreas”, lo cual representa una quinta parte del territorio nacional. En Loreto, el río Nanay presenta casos de intoxicación,“esta organización permite 2 miligramos como máximo y a estas personas se ha encontrado, luego de los exámenes, que tienen 10 miligramos; es decir 5 veces más. ¿Qué genera el plomo en la salud? cáncer, malformaciones y otro tipo de situaciones”.
Solo en 2023, se vertieron 181 toneladas de mercurio en los ríos de Puerto Maldonado. “Para que se imaginen, esta cantidad solo se podría cargar en 60 tráilers”, dijo el fiscal, destacando los altos niveles de contaminación registrados.
Respecto a la deforestación, solo en Madre de Dios se han perdido más de 64,000 hectáreas entre 2010 y 2017, el doble que en los 26 años anteriores. Las pérdidas socioambientales superan los US$ 593 millones en solo tres comunidades indígenas de la Reserva Nacional Amarakaeri. Las Áreas Naturales Protegidas también han sido invadidas: Tambopata perdió 421 hectáreas, Bahuaja Sonene 40 y Amarakaeri 119. “Una reserva nacional es un lugar en donde no se puede entrar a hacer actividad minera, pero los mineros ya han ingresado y han invadido las zonas de amortiguamiento”, advirtió Almanza.
