Confiep y FTCCP advierten sobre los riesgos de una Ley MAPE improvisada y piden cerrar el Reinfo por fomentar la ilegalidad.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) han instado al Gobierno a tomar medidas concretas y coordinadas para combatir la minería ilegal, un fenómeno que, según señalan, representa una de las amenazas más graves que enfrenta el país en la actualidad.
Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de trabajar articuladamente con el sector privado para erradicar esta actividad ilícita, al tiempo que reiteraron su respaldo al proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. El pronunciamiento llega en un contexto marcado por el debate en el Congreso sobre la denominada Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), que está siendo evaluada por una comisión especializada.
En un comunicado oficial, Confiep y FTCCP advirtieron sobre los peligros que implica una legislación mal estructurada. “Instamos al Poder Legislativo a no ceder ante presiones que exigen la aprobación de una Ley MAPE improvisada e inconveniente, que atenta contra los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, y representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal”, se lee en el documento.
Además, hicieron un llamado para avanzar hacia el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que ha sido desvirtuado de su propósito original. “Exhortamos al Poder Ejecutivo a avanzar hacia el cierre definitivo del Reinfo. Este mecanismo, lejos de lograr su propósito original, ha sido utilizado como herramienta de evasión de la responsabilidad penal por quienes operan al margen de la ley”, precisaron.
También expresaron su rechazo a las protestas violentas y bloqueos de carreteras que han afectado el desarrollo económico y el derecho al trabajo. “Los empresarios y trabajadores rechazamos la violencia y el cierre de carreteras que afecta el derecho al trabajo, la libertad de tránsito y seguiremos trabajando conjuntamente para hacer frente a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la violencia y las economías ilegales, con el fin de tener un Perú mejor y más seguro”, añadieron.
El pronunciamiento conjunto subraya la importancia de un enfoque técnico, transparente y amplio para enfrentar los desafíos que plantea la minería ilegal y evitar que mecanismos como el REINFO continúen siendo utilizados por actores al margen de la ley.
