La Comisión de Economía del Congreso ha impulsado cuatro proyectos de ley que buscan ampliar las facultades del Banco de la Nación, incluyendo la posibilidad de comprar, vender y exportar minerales como el oro. Especialistas advierten que estos cambios podrían facilitar el «blanqueo» del oro ilegal extraído por la minería informal.
Uno de los proyectos propone modificar la ley de creación del Banco de la Nación para que pueda “comprar o vender el oro y minerales en el mercado interno, así como exportarlo por cuenta propia o por encargo conferido para operaciones de comercio exterior a través de una persona jurídica (…) a fin de fomentar el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, según detalla la iniciativa presentada por Jorge Montoya (Honor y Democracia).
El presidente de la Comisión de Economía, Ilich López (Acción Popular), intentó someterla a debate dos veces solo en junio. “Se sabe que la problemática de los minerales en el Perú, sobre todo de la minería artesanal e informal es que no se sabe a dónde llega a parar esa producción. La intención de este dictamen es tener esa trazabilidad”, dijo a Canal N. En un intento anterior, consideró la medida como “audaz para intervenir la minería informal”, aunque fue enviada a un cuarto intermedio tras cuestionamientos sobre si el Estado está en capacidad de asumir estas funciones.
El legislador José Revilla (Fuerza Popular) recordó que el propio banco admitió no contar con el personal calificado para estas funciones, y que la SBS advirtió posibles riesgos para su solvencia.
El segundo proyecto, identificado como el 9476 y presentado por Jeny López (Fuerza Popular), fue aprobado a inicios de junio y está próximo a ser debatido en el Pleno del Congreso. Esta iniciativa busca modificar el Decreto Legislativo 1213, que regula el transporte, la custodia y la seguridad de dinero y valores, ampliando las atribuciones del Banco de la Nación en estas funciones.
«La modificación propone incorporar una excepción legal que permita al Banco de la Nación, de manera excepcional y en situaciones específicas, trasladar dinero en efectivo con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y/o las Fuerzas Armadas, sin necesidad de contratar empresas de transporte de caudales (ETCAN)», indica en el documento.
En el artículo se enumeran las «situaciones extraordinarias o de emergencias», entre las que figura un escenario de «costos elevados del servicio de transporte de fondos y custodia de valores». Según se indica, estos serían «originados por la existencia de un único proveedor en el mercado, lo cual contraviene las normas fiscales de austeridad, racionalidad del gasto y manejo eficiente de los recursos económicos de la entidad».
También se menciona como causal a «eventos imprevisibles que comprometan la seguridad del transporte o custodia regular de dinero y valores», tales como desastres naturales, crisis financieras, conflictos sociales y situaciones de riesgos inminentes por ataques biológicos o pandemias.
Para evaluar esta norma, se solicitaron opiniones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Defensa, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la SBS. Aunque la calificaron como «viable», advierten de que no se establezcan límites sobre los criterios operativos, entre otros aspectos.
Las otras dos iniciativas legislativas buscan declarar de interés la creación de nuevas sedes del Banco de la Nación en Lambras (Huancavelica) y Trompeteros (Loreto), distritos con baja densidad poblacional pero con antecedentes de minería ilegal. Fueron impulsadas por Wilson Soto (Acción Popular) y aprobadas en comisión.
De acuerdo con el último censo del INEI, Lambras tiene una población inferior a 2,500 personas y Trompeteros menos de 8,400. En los últimos años, ambas zonas han sido escenario de intervenciones relacionadas con el crecimiento evidente de la minería ilegal.
Frente a estos cambios, Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, sostuvo que pareciera que se busca allanar el terreno para los minerales obtenidos de manera informal e ilegal. Aunque las iniciativas afirman fomentar la minería artesanal, alertó que esta es muchas veces usada como fachada para actividades ilícitas, con escasa fiscalización estatal. “Los proyectos me parecen bien extraños, por ejemplo, el de aprobar la creación de nuevas agencias en sitios muy lejanos. Primero, porque esto le corresponde al mismo banco proponerlo y hacerlo técnicamente”, comentó.
Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, también expresó sus preocupaciones. “Merece una revisión a fondo. Me preocupa que se pretenda atribuirle a esta entidad funciones para las que no fue diseñada ni tiene experiencia, como intervenir en la comercialización de metales preciosos. Pero lo más delicado es que este proyecto podría terminar siendo una vía para limpiar oro de origen ilegal bajo la apariencia de formalización. Se corre el riesgo de institucionalizar la informalidad”, expresó.
Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que las propuestas desnaturalizan el rol del banco. “El banco es un brazo financiero que tiene el Estado y se busca cambiar su naturaleza. El banco tiene una inviabilidad operativa porque requiere otros conocimientos técnicos”, sostuvo. Sobre el transporte de valores, añadió: “No veo justificación técnica ni económica ante la existencia de la oferta privada. Para el banco mismo hay una serie de riesgos al trasladar oro de origen dudoso y cuando está pendiente su trazabilidad. Veo riesgos muy fuertes”.
Sobre esta propuesta, Julio Corcuera, gerente general de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI), advirtió que podría perjudicar la lucha contra la inseguridad ciudadana al asignar a la Policía Nacional del Perú (PNP) la tarea de custodiar valores, lo que implicaría reducir su disponibilidad para otras funciones. Corcuera recordó que actualmente existe un déficit de 60,000 efectivos policiales y que, pese a ello, se han registrado 1,085 homicidios hasta la fecha, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.
“También es importante mencionar que la custodia de dinero y valores no es una actividad para la que están preparados necesariamente. Dentro de estas operaciones, hay un grado de especialización. Además, hay seguros y otras garantías. Esto no se está considerando. Mucho menos que los vehículos tienen que ser blindados y la propuesta habla hasta de arrendar”, declaró.
El exministro Miguel Incháustegui opinó que el Congreso no estaría aplicando criterios técnicos al momento de plantear soluciones para los problemas del país. “O se están dejando influenciar por presencia de ilegales. Las propuestas no son correctas técnicamente. En ningún otro país hay este tipo de propuestas”, mencinó.
En ese sentido, señaló que una de las vías para enfrentar la minería ilegal debe enfocarse en el impulso de la minería artesanal y de pequeña escala bajo el cumplimiento de estándares adecuados. “El camino correcto es que haya un sistema de interoperabilidad”, comentó.
Gonzales añadió que la solución pasa por “controles rigurosos, trazabilidad real y una reforma de fondo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)”. Y advirtió: “Debemos tener claro que la lucha contra la minería ilegal no se resuelve creando atajos, ni mucho menos mecanismos que puedan prestarse a blanqueo de actividades ilícitas”.
