La recaudación minera creció 50% en abril y sumó S/8.263 millones en el primer cuatrimestre, pero aún no alcanza los niveles récord de 2022 debido a altos costos operativos, informalidad y conflictos sociales.
La recaudación fiscal proveniente del sector minero en Perú mostró un repunte significativo en abril de 2025, al sumar S/3.115 millones, lo que representa un incremento interanual del 50%, según datos recientes de la SUNAT. Este resultado permitió que el total acumulado en los primeros cuatro meses del año ascendiera a S/8.263 millones, un 37% más que en el mismo periodo de 2024.
Pese a la mejora, el monto recaudado todavía no iguala los niveles alcanzados en 2022, cuando en el primer cuatrimestre se reportaron ingresos por S/11.781 millones. La diferencia responde principalmente al impacto de mayores costos operativos que están reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas, base sobre la cual se calcula el régimen impositivo del sector.
Este desempeño fiscal se da en un escenario internacional altamente favorable. El cobre, uno de los pilares de la minería peruana, se comercializa en promedio a USD 9.600 por tonelada, un 20% por encima de su valor en 2022. En tanto, el oro ha escalado a USD 2.500 por onza, marcando un aumento del 38% en tres años. Sin embargo, estos altos precios no se han traducido en una recaudación récord debido a un sostenido aumento de los costos mineros.
Entre 2019 y 2024, los costos de energía en el sector crecieron 62,81%, los insumos se encarecieron un 25,22%, y los costos laborales subieron un 22,12%. Esto ha comprimido las utilidades netas de las empresas, sobre las que se calculan tributos como el Impuesto a la Renta y las regalías mineras, revelando las limitaciones del actual modelo tributario, que depende directamente de la rentabilidad.
Otro factor que impacta la recaudación es el avance de la minería ilegal, especialmente en el segmento del oro. En el primer trimestre del año, la producción formal aurífera cayó 10,5%, afectada por el crecimiento de la actividad informal y los conflictos sociales en zonas clave como Patás, en La Libertad. Esta región representa el 20% de la producción nacional y ha sido golpeada por la paralización de operaciones de empresas como Minera Retamás y Horizonte.
A ello se suma un clima de incertidumbre política que podría escalar conforme se acerquen las elecciones generales de 2026. Algunos analistas advierten que un discurso cada vez más antiminero y la falta de señales claras para los inversionistas podrían frenar nuevos proyectos, limitando así el potencial recaudador del sector minero, uno de los pilares fiscales del país.
En este contexto, expertos coinciden en que los desafíos no son únicamente externos, como las medidas arancelarias en EE. UU., sino también internos: combatir la informalidad, mejorar la eficiencia del sistema tributario y garantizar estabilidad jurídica para atraer capitales en un entorno competitivo a nivel global.
