El premier Eduardo Arana anunció que el Gobierno evalúa extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera más allá de junio. También propuso una agenda legislativa conjunta y una estrategia integral contra la minería ilegal.
En un contexto de diálogo institucional y búsqueda de estabilidad, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de prorrogar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que vence en junio. La evaluación está a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que ya analiza la situación en zonas con alta actividad minera informal.
“Yo no descarto ni aseguro nada por el momento. Lo que yo les digo es que estamos trabajando primero para conocer la realidad, la preocupación de la población y de las autoridades”, declaró Arana. Además, subrayó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados, incluidos los operadores legales y las autoridades locales, antes de tomar una decisión definitiva.
La declaración fue parte de una reunión sostenida con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en la que Arana propuso establecer una coordinación previa entre el Ejecutivo y el Legislativo para la elaboración de leyes. “Necesitamos construir normas que beneficien directamente al país y que no generen incertidumbre ni para el mercado ni para la ciudadanía”, expresó.
Uno de los temas más sensibles abordados fue la lucha contra la minería ilegal, especialmente en regiones como La Libertad. Arana anunció la instalación de una mesa multisectorial en Pataz, con participación de empresas, autoridades y comunidades, como parte de una estrategia integral que también incluirá acciones concretas de inteligencia, control territorial y despliegue de fuerzas del orden.
En paralelo, el premier adelantó que su gabinete trabaja en una propuesta de política de seguridad nacional, que buscará contener la creciente ola de criminalidad que afecta a diversas actividades económicas, principalmente en el norte del país.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca establecer un marco de gobernabilidad que combine el fortalecimiento institucional con respuestas específicas a problemáticas locales, como la informalidad minera y la inseguridad.
