La reciente ampliación del estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, ha generado un nuevo escenario de incertidumbre para las operaciones de la Compañía Minera Poderosa. Esta medida fue adoptada por el Ejecutivo luego de los graves hechos de violencia ocurridos en abril, que incluyeron un ataque armado con trece víctimas fatales. La decisión contempla restricciones al libre tránsito en zonas específicas como el distrito de Pataz, afectando directamente a las actividades productivas de la zona.
Según un comunicado presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la minera explicó que el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, publicado el 8 de mayo, limita no solo el desplazamiento de personas, sino también el movimiento de bienes, insumos y minerales, elementos clave para el desarrollo de sus actividades. Este contexto obliga a suspender operaciones temporalmente en áreas críticas de la provincia, dificultando el cumplimiento de los procesos logísticos habituales.
Desde la compañía, se enfatizó que estas condiciones pueden poner en riesgo la continuidad de sus labores y afectar la cadena operativa que sostiene a cientos de trabajadores y proveedores. Poderosa reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad en la región, sin perjudicar la operatividad de empresas formales que cumplen con la ley y generan desarrollo económico local.
La situación actual en Pataz vuelve a evidenciar la compleja relación entre la seguridad interna y la estabilidad de sectores productivos estratégicos. A medida que persisten los focos de violencia e informalidad, el reto para el Estado será encontrar mecanismos que permitan resguardar a la población sin frenar la actividad de empresas que operan dentro del marco legal.
