A más de una década de iniciado, la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal enfrenta serios cuestionamientos por su ineficacia tras solo el 2% de mineros informales regularizados.
La aprobación pendiente de la Ley MAPE sigue generando incertidumbre, especialmente por el impacto que tendría en los mineros informales. Expertos advierten que entre ellos podrían encontrarse también mineros ilegales, lo que incrementa la necesidad de extender el plazo del proceso de formalización, probablemente hasta diciembre.
Mientras tanto, aún se espera que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reglamente la norma que amplía los plazos para la formalización minera. Aunque Jorge Montenegro, actual titular de la cartera, no ha descartado una nueva prórroga para mantener vigente dicho régimen.
El Minem forma parte del equipo técnico que acompaña a la comisión parlamentaria encargada de elaborar la Ley MAPE. Sin embargo, ha dejado claro que la decisión final sobre su aprobación corresponde al Congreso.
A pesar de ello, la cartera continúa dialogando con otras entidades relacionadas con el proceso de formalización. Entre ellas se encuentra el Ministerio del Ambiente (Minam), cuyo titular, Juan Carlos Castro Vargas, reveló al diario Gestión que su despacho ha estado evaluando distintas propuestas para facilitar este objetivo conjunto.
Requisitos vigentes para acceder a la formalización minera
Para que los pequeños mineros y mineros artesanales puedan formalizarse, deben cumplir con varias exigencias en materia ambiental. Entre ellas se encuentra la entrega del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM).
Este instrumento contempla acciones destinadas a prevenir posibles daños al ambiente antes de iniciar cualquier operación minera. Por ejemplo, se exige demostrar cómo se protegerá el recurso hídrico o se evitará el uso inadecuado del agua, así como planes para mitigar, controlar o reparar los impactos negativos que se generen durante la actividad.
Además, es obligatorio presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos de bajo riesgo ambiental, o en su defecto, un estudio de impacto ambiental semidetallado si se trata de actividades con riesgos moderados. En ambos casos, se exige un monitoreo constante para asegurar el cumplimiento de la normativa.
La formalización minera no ha dado resultados
El ministro del Ambiente, Carlos Castro Vargas, admitió que el proceso de formalización dirigido a la pequeña y la minería artesanal no ha logrado los resultados esperados, calificándolo incluso como “un fracaso total”. Según detalló, solo un 2% de los mineros informales han logrado culminar con éxito este procedimiento.
Entre los factores que han dificultado el proceso, mencionó la existencia de más de 40 requisitos, muchos de los cuales se convierten en obstáculos difíciles de superar. Esta complejidad ha provocado que muchos mineros abandonen el intento de regularizarse.
En el caso del IGAFOM, observó que algunas exigencias son tan elevadas como las que se piden en proyectos de mayor escala, como los incluidos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), lo cual desincentiva a quienes no cuentan con los recursos ni conocimientos para cumplir con procesos tan técnicos.
Uno de los principales problemas señalados en torno a la formalización minera es que, al estar bajo responsabilidad de los gobiernos regionales, la presentación de estudios ambientales ha sido blanco de corrupción. Se ha denunciado que en algunos casos, los mismos funcionarios regionales encargados del proceso también evaluaban los estudios, generando conflictos de interés.
El ministro del Ambiente explicó que, tras varias conversaciones con su par del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Montenegro, se ha trabajado en la identificación de cinco a diez requisitos clave que permitirían agilizar y hacer más accesible la formalización, en especial en el aspecto ambiental. El objetivo es simplificar los trámites sin restar rigor técnico.
Castro también destacó la necesidad de definir con claridad cómo se realizará la recuperación de las áreas impactadas por la actividad minera informal, y cómo se organizará el seguimiento para verificar que los compromisos ambientales y legales se estén cumpliendo. Este seguimiento debería mantenerse incluso después de finalizar el proceso de formalización.
El Gobierno se ha trazado como meta que al menos el 60 % de los mineros informales logren formalizarse dentro de un plazo establecido.
Mayor control en la comercialización de minerales
Desde el sector privado, Gustavo Ramírez, quien lidera el Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), subrayó la importancia de “depurar” el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El objetivo es excluir a quienes están inscritos en el sistema, pero no tienen intención de cumplir con el proceso y continúan operando de manera ilegal.
Ramírez propuso comenzar la depuración desde los registros de escritorio para luego, con apoyo del Ministerio de Energía y Minas, verificar directamente en campo si los datos coinciden con la ubicación real de las actividades mineras.
Por su parte, Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), remarcó que desde su institución se viene trabajando con la Sunat para fortalecer la trazabilidad del comercio de minerales metálicos, cerrando así las brechas que aún permiten la comercialización informal.
Esta regulación tiene como objetivo singularizar y diferenciar a los mineros informales que buscan la formalización de aquellos que realizan extracciones en sitios no permitidos o utilizan la minería ilegal como medio para el lavado de activos y la evasión fiscal.
