Ante la grave situación ambiental provocada por el derrame de petróleo en el río Pastaza, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, se reunió con representantes de las comunidades nativas afectadas, autoridades locales y diversas instituciones del Estado para coordinar acciones inmediatas.
Durante el encuentro, organizado por la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MINEM, Cárdenas escuchó los informes de los representantes de diversas instituciones estatales involucradas. “Es importante que los Apus conozcan las competencias de cada institución para gestionar las demandas de manera eficiente”, señaló la viceministra, agradeciendo la disposición al diálogo de las comunidades afectadas.
Cárdenas Pino enfatizó la importancia del diálogo y la coordinación interinstitucional para atender de manera eficiente las demandas de las comunidades afectadas. «Buscamos dinamizar las gestiones y brindar una respuesta oportuna a esta emergencia ambiental», aseguró la viceministra.
Las autoridades locales y los representantes de las comunidades coincidieron en la necesidad de declarar el estado de emergencia y el estado de emergencia Ambiental, lo que permitiría activar una respuesta rápida frente al derrame y reactivar los lotes petroleros en la zona. La viceministra se comprometió a articular con el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para avanzar con el expediente que permitirá evaluar las próximas acciones.
La viceministra acordó articular con el Gobierno Regional de Loreto y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evaluar las acciones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se comprometió a trabajar de manera coordinada con las instituciones presentes en la reunión para atender las necesidades de las 18 comunidades afectadas, basándose en un padrón actualizado.
En la reunión participaron también funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin, la Defensoría del Pueblo, Petroperú, y Perupetro, quienes continuarán evaluando la situación en las 18 comunidades afectadas por el derrame.
