El auge del precio del oro está impulsando la creatividad de la minería ilegal para acceder a más áreas mineralizadas, manipulando la ley a su favor. Un ejemplo de esto es la Consulta Previa, un mecanismo diseñado para proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas, pero que está siendo explotado por «grupos de interés» para obtener beneficios propios.
“Se trata de mineros ilegales que están detrás de los territorios ricos en recursos minerales y que emplean en su favor los argumentos de la ley porque, lo que menos quieren, es que una empresa formal ingrese”, apunta Patricia Balbuena, exministra de Cultura.
El objetivo, explica, es apoderarse de dichos territorios porque, una vez que los ocupan, “ni siquiera el Estado es capaz de entrar”.
La minería ilegal consigue manipular la Consulta Previa movilizando a las comunidades campesinas, argumentando que “la minería formal contamina” o que “las empresas mineras no aplican correctamente la consulta”. Sin embargo, no solo las poblaciones locales caen en esta manipulación, sino también migrantes que siguen el rastro de la minería en busca de trabajo.
Iván Arenas, experto en sostenibilidad y relaciones comunitarias, señala que en Apurímac se está llevando a cabo una táctica en la que algunas comunidades campesinas, como la de Pamputa, rechazan la consulta previa con el fin de frenar la inversión en minería moderna. Esta estrategia consiste en reunir a un grupo de personas alrededor de un proyecto minero con recursos conocidos y hacer pasar a los participantes como comunidades indígenas u originarias, para así poder solicitar la consulta previa, un derecho exclusivo de esos grupos.
Una vez convocada la Consulta Previa, Arenas explica que los supuestos indígenas emplean tácticas para obstaculizar el trabajo de la empresa minera formal, generando conflictos con el fin de reclamar el territorio y extraer el mineral por su cuenta. Para respaldar su posición, recurren a la falsa identidad de “mineros ancestrales”, una actividad que afirman haber practicado históricamente algunas comunidades originarias, aunque esta figura no tiene respaldo legal en Perú. Arenas advierte que esta táctica forma parte de una estrategia de minería ilegal para apropiarse de concesiones mineras y que, de no cambiarse la legislación sobre “pueblos originarios”, podría generarse un auge de estas falsas comunidades.
Comunidades indígenas
José Mansen, ex jefe de la Oficina de Gestión Social del Minem, refiere que, si los comuneros quieren declararse como mineros ancestrales, van a tener que demostrar que “estuvieron desde mucho antes” explotando el mineral.
“Al final, tendrán que reclamarle al Gobierno y este tendrá decidir qué es lo que se debe que hacer”, apunta.
Según el Ministerio de Cultura, hay 55 pueblos indígenas u originarios en el Perú, entre ellos, el quechua y el aymara. Dichos pueblos están distribuidos entre más de 3.000 comunidades indígenas, algunas de muy reciente creación, pues “es potestad de los gobiernos regionales el reconocerlas”, indica Mansen.
Según Balbuena, las comunidades que pueden solicitar la realización de una Consulta Previa deben cumplir dos condiciones: ser comunidades indígenas u originarias y verse afectadas por la actividad minera.
“La consulta no aplica solamente porque exista una comunidad indígena. Lo que el Estado tiene que proteger es que no haya una afectación a sus derechos, y no cualquier afectación, sino una afectación a sus derechos colectivos”, manifiesta.
En este contexto, Balbuena advierte sobre el uso indebido de la consulta por parte de la minería ilegal, lo cual podría desacreditar este mecanismo y afectar gravemente a los pueblos indígenas u originarios. A pesar de intentar contactar con el Ministerio de Energía y Minas para obtener su opinión, no se recibió respuesta antes del cierre de la edición.
