En el Congreso de la República, la Comisión de Energía y Minas avanza en la creación de un nuevo marco legal para la pequeña minería y la minería artesanal, conocido como Ley MAPE. Este proyecto ha generado debates y críticas debido a la destacada participación de mineros informales en su elaboración, lo que ha despertado inquietudes sobre la objetividad y eficacia del proceso.
El borrador de la Ley MAPE se está elaborando a través de mesas de trabajo que incluyen como principales actores a representantes de organizaciones como la Confemin y la Fenamarpe. Muchos de estos representantes tienen registros suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un sistema clave para monitorear el avance del proceso de formalización en el sector.
Entre los participantes del proceso destacan figuras con vínculos políticos, como Máximo Franco Béquer, miembro de Renovación Popular, junto a representantes de partidos como Podemos Perú, Perú Libre y A.N.TA.U.RO. Esto refleja una posible politización del proceso legislativo.
Propuestas controvertidas en el borrador
El borrador incluye medidas polémicas, como la servidumbre minera en concesiones inactivas, que permitiría a mineros informales explotar recursos en terrenos concesionados tras un proceso de conciliación. Esta propuesta ha sido criticada por su potencial de fomentar la invasión de concesiones formales y comprometer la seguridad jurídica del sector.
Además, se contempla un régimen especial para la adquisición y uso de explosivos, así como la asignación al Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la responsabilidad de emitir certificaciones ambientales. Estas disposiciones han generado preocupación entre los actores formales de la industria minera.
Falta de imparcialidad en la mesa de trabajo
Expertos, como César Ipenza, abogado en derecho ambiental, han criticado la gestión del proceso, señalando que la falta de objetividad del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, podría comprometer la validez del predictamen. Además, destacó la importancia de involucrar a otros actores afectados por la minería informal, como las comunidades indígenas y los representantes del sector formal.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió retirarse de las discusiones debido a la ausencia de imparcialidad en el proceso, lo que refleja la falta de acuerdo entre los sectores involucrados.
