En la frontera andina entre Perú y Bolivia, el contrabando de explosivos se ha convertido en un grave desafío que impulsa la minería ilegal en ambas naciones. Investigaciones recientes indican que el río Suches, a más de 4,300 metros de altitud, es un punto clave para el tráfico de dinamita, explotando las debilidades en los controles gubernamentales mediante redes clandestinas bien organizadas. Cada viernes, el área conocida como «Las Perlas» se transforma en un mercado donde se comercializan explosivos ilegales junto con productos comunes. A pesar de los esfuerzos para aumentar la vigilancia, las ferias clandestinas han encontrado nuevas formas de continuar su actividad, y comerciantes como «Renato» aseguran que, aunque antes era más abierto, ahora se requiere mayor discreción debido a la presencia de autoridades.
Una de las principales rutas del contrabando de explosivos lleva a La Rinconada, en Puno, Perú, un centro neurálgico de la minería ilegal. En esta área, pequeñas tiendas ocultan un comercio activo de explosivos. Desde 2019, las incautaciones en la región han sido mínimas, lo que evidencia las dificultades de las autoridades para controlar este problema.
El contrabando de explosivos tiene un gran impacto en la minería informal e ilegal en Perú. En 2023, el país, uno de los principales productores de explosivos en la región, exportó 95 millones de dólares en estos materiales, con Bolivia como el segundo destino más importante. Sin embargo, una parte significativa de estos productos regresa a Perú de forma ilegal, siendo utilizados en operaciones mineras informales en regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad. Empresas legales como Famesa Explosivos S.A.C., que exportaron 33 millones de dólares entre 2019 y 2023, también han sido mencionadas en incautaciones relacionadas con la minería ilegal, lo que muestra cómo los productos legítimos terminan en el mercado negro.
Para abordar el problema del contrabando de explosivos, expertos proponen medidas más estrictas en el registro y control de estos materiales, además de reforzar los controles fronterizos. También sugieren fomentar la formalización de los mineros mediante el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que actualmente tiene una baja tasa de inscripción. Asimismo, la cooperación binacional entre Perú y Bolivia, mediante el intercambio de información, operativos conjuntos y la estandarización de regulaciones, podría ser clave para reducir el tráfico de explosivos.
