Por Zetti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Vemos con optimismo que, al tercer trimestre del año, las inversiones mineras en el Perú han alcanzado más de US$ 3,343 millones, una variación positiva de 2.7% en comparación al similar periodo del 2023. Confiamos en cerrar el año con una óptima cifra de inversión, tanto para el sostenimiento de la producción como para la exploración de nuevos depósitos, y que para el próximo año esto se incremente, repercutiendo en más oportunidades de desarrollo para todos los peruanos.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) viene haciendo esfuerzos por atender los retos del sector, potenciar el atractivo del país para las inversiones y fortalecer el desarrollo de la industria minera en el país; sin embargo, es necesario el trabajo conjunto con todos los actores involucrados para lograr resultados satisfactorios.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, conocido como ley MAPE. Saludamos que este paso finalmente se haya concretado y tenemos las mejores expectativas con ello.
Invocamos a que, ahora en el Congreso, se desarrolle un debate fructífero en torno a este proyecto de ley, que tenga como prioridad atender la necesidad de un eficiente proceso de formalización y dar fin a la impunidad generada por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el cual malos elementos vienen encubriendo prácticas ilícitas al amparo de la actividad minera, principalmente de nuestra pequeña minería y minería artesanal.
Al igual que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Ing. Víctor Gobitz, lamentamos que economías ilegales accedan y logren influenciar más que los sectores formales en el Parlamento. Asimismo, exhortamos a que esto no se repita y se escuche la voz de la ciudadanía y las empresas formales.
En reiteradas ocasiones hemos puesto sobre la mesa la necesidad de definir la vía más óptima para la formalización minera, para poder identificar a quienes realmente quieren formalizarse y a los ilegales que deben ser separados de ese proceso y responder ante la ley.
En lugar de avanzar en la lucha contra la minería ilegal, este problema se ha multiplicado exponencialmente en nuestro país, aglutinando otras economías ilegales, cobrando vidas de inocentes, afectando seriamente la seguridad ciudadana y destruyendo el medio ambiente.
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno dio a conocer que existen al menos 300,000 mineros ilegales que operan impunemente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash. Esto no puede continuar.
Es momento de actuar. El Minem ha dado un paso importante con el proyecto de ley MAPE. Urge que el Congreso y las autoridades pertinentes agilicen la promulgación de esta nueva herramienta y se ponga fin a las ampliaciones del Reinfo.
