Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), alertó recientemente sobre la seria amenaza que enfrenta la Amazonía peruana debido a la minería ilegal. García destacó en una entrevista en el programa Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que esta actividad ilícita afecta a 36 comunidades nativas.
“Las comunidades vienen trabajando junto a la PCM para combatir la minería ilegal”, señaló García. Sin embargo, la magnitud y complejidad de este problema hace difícil identificar las zonas más afectadas. “La minería ilegal está a lo largo y ancho de nuestro territorio”, añadió, subrayando que las regiones de Loreto y Amazonas son de las más impactadas por esta crisis ambiental.
Impacto en comunidades y ecosistemas
El alto comisionado de la PCM también destacó que la minería ilegal afecta no solo a las comunidades nativas, sino también a las campesinas, que ven sus concesiones forestales y modos de vida amenazados. En Loreto, los ríos Putumayo y Nanay han sido invadidos por mineros ilegales, poniendo en riesgo el acceso al agua de más de medio millón de habitantes. García también señaló la crítica situación en la región Amazonas, especialmente en las zonas del Cenepa y el río Santiago, donde varias comunidades nativas, como los Aguajún y los Wampis, están sufriendo las consecuencias directas de la minería ilegal.
“Felizmente, las autoridades de estas comunidades nativas están muy interesadas y apoyan la lucha contra la minería ilegal”, subrayó el alto funcionario en el programa del IIMP. No obstante, remarcó que la minería ilegal afecta no solo a las comunidades nativas, sino también a las campesinas, que ven sus concesiones forestales y modos de vida amenazados.
El alto comisionado hizo hincapié en la necesidad de ofrecer alternativas económicas para estas poblaciones, promoviendo una colaboración cercana entre el Gobierno y las comunidades afectadas. “Tenemos que trabajar de la mano, especialmente cuando se trata de ofrecer economías alternativas. Las comunidades campesinas y nativas tienen un papel clave en esta lucha”, concluyó García.
