Desde hace 22 años, Perú comenzó un proceso de formalización minera que, con el tiempo, se ha vuelto más permisivo, facilitando la ilegalidad y actualmente el crimen organizado. Basándose en esta premisa, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en colaboración con Videnza, presentó un análisis sobre las barreras y distorsiones del proceso de formalización minera actual. También se proponen recomendaciones para el proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que el Ministerio de Energía y Minas presentará próximamente al Congreso.
Supervisión y Responsabilidad
Una de las principales deficiencias señaladas en el análisis es que la supervisión de este proceso recae en los gobiernos regionales, cuando debería ser liderado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en coordinación con organismos especializados como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional de Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otros. “El Perú necesita recuperar las riendas sobre la formalización minera”, advirtió el presidente del IIMP, Darío Zegarra, quien señaló que no hay actividad en el Perú que se desarrolle con tanta impunidad y ausencia de supervisión del Estado.
Indicó además que el Reinfo, de ser un registro de formalización, se ha interpretado como un derecho para comprar explosivos, invadir y detonar territorios mineros, y traficar recursos del estado sin fiscalización alguna. “El Reinfo no da para más y es clave que este no se extienda nuevamente, pues su carácter permisivo fomenta la criminalidad; además de contribuir al financiamiento de la violencia y el crimen organizado”, enfatizó Zegarra.
Anomalías y Cuellos de Botella del Reinfo
La directora de Videnza, Paola Bustamante, explicó que el Reinfo se otorga con una simple voluntad de formalización por parte del titular, sin plazos específicos para que este proceso sea efectivo. En primer lugar, señaló, no existe una plataforma digital para que los titulares presenten su documentación y hagan seguimiento de ello.
Tampoco existe una plataforma que permita la interoperabilidad entre las direcciones regionales de minería y los organismos especializados del Estado, lo que provoca la pérdida de información suministrada por el titular. A esto se suma la falta de capacidad de los gobiernos regionales para validar la tenencia sobre los territorios, permitiendo operaciones ilegales en áreas naturales protegidas que cuentan con Reinfo.
Asimismo, falta incentivos para los titulares mineros que buscan formalizarse, ya que, al consolidar este proceso, enfrentan barreras y exigencias del Estado que dificultan su sostenibilidad. “Debemos crear incentivos para que ser formal resulte un beneficio y no un perjuicio”, sostuvo Bustamante. El IIMP y Videnza señalaron que las autoridades nacionales tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el bienestar de la población, implementando un proceso de formalización efectivo que garantice condiciones de trabajo seguras para los miles de trabajadores que actualmente ponen en riesgo sus vidas.
“Se necesita sinergia entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial para combatir la ilegalidad, y promover una minería más responsable y sostenible”, comentó el presidente del IIMP. En tanto, la directora de Videnza sostuvo que la nueva Ley MAPE debe establecer plazos definitivos en cada uno de los requisitos de formalización minera. “Se debe depurar del proceso a aquellos que no tienen intención alguna de formalizarse. Los Reinfo en situación suspendida no deben continuar operando más”, invocó la especialista.
