La minería ilegal no puede ser entendida únicamente como un problema ambiental o económico, sino como un fenómeno de crimen organizado y seguridad ciudadana que requiere una mirada integral y sistémica, así como la participación coordinada de diversos actores desde los sectores público y privado.
Estas ideas fueron expuestas en el panel sobre el impacto de las economías ilegales en los derechos humanos, realizado durante el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El panel fue moderado por Jessica Vásquez, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE y gerente de Sostenibilidad en Minsur, con la participación de Jane Anttila, jefa de la Misión Técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Marcelina Angulo, defensora de derechos humanos del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Pintuyacu, Chambira y Alto Nanay; Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos; y Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa.
Jane Anttila sostuvo que el sector minero formal cumple un rol clave frente a los retos que genera la minería ilegal. “Para nosotros, el sector minero formal es un aliado sumamente importante para hacer frente a los retos a los derechos humanos que presenta la minería ilegal”, afirmó.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las vulneraciones en contextos de minería ilegal no son hechos aislados ni daños colaterales, sino elementos estructurales de su funcionamiento. Por ello, remarcó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos humanos, incluso cuando enfrenta limitaciones institucionales.
Por su parte, Paulo Vilca advirtió que la minería ilegal aurífera debe entenderse como parte de una economía transnacional. Sostuvo que no basta con mirar el problema desde el territorio peruano, sino que se debe observar la cadena completa, incluyendo compradores, refinerías, comercializadores, bancos y mercados internacionales.
De cara al próximo gobierno, sostuvo que le esperan dos decisiones centrales: definir bajo qué condiciones se aprobará una nueva Ley MAPE y establecer una postura clara frente al Reinfo. Vilca añadió que enfrentar la minería ilegal no se resolverá únicamente con más policía, Ejército o interdicciones. “Se requiere una coalición política fuerte en este país para encontrar una alternativa a este problema”, sostuvo.
Marcelina Angulo ofreció un valioso testimonio sobre el impacto de la minería ilegal en el Alto Nanay, en Loreto. Señaló que la llegada de esta actividad cambió radicalmente la vida de las comunidades, con depredación del bosque, contaminación del agua y afectaciones a la salud de niños, jóvenes y familias.
“En la Amazonía estamos olvidados por el Estado, por nuestros gobiernos regionales y municipales”, afirmó. Angulo advirtió que la falta de oportunidades empuja a jóvenes y mujeres hacia economías ilegales, donde enfrentan explotación, amenazas y violencia.
A su turno, Rohel Sánchez sostuvo que las economías ilegales han avanzado en territorios donde el Estado no logra ejercer presencia efectiva ni articular políticas públicas de mediano y largo plazo.
El gobernador regional advirtió que las regiones enfrentan las consecuencias directas del problema, pero muchas herramientas de control, formalización, persecución penal e inteligencia están concentradas en el gobierno nacional. Por ello, pidió resolver con claridad las competencias, acompañarlas de presupuesto, personal y capacidad operativa, y garantizar una presencia estatal efectiva en el territorio.
“Cuando los ciudadanos sienten que la autoridad no puede protegerlos, dejan de confiar en las instituciones. Por eso, tanto el sector público como el sector privado debemos transparentar nuestras actividades y nuestras acciones; solo a partir de esa transparencia podremos generar confianza, construir consensos y establecer diálogos que permitan priorizar las soluciones que correspondan”, señaló Sánchez.
Finalmente, Jessica Vásquez destacó que las empresas formales han avanzado en debida diligencia y trazabilidad, pero que se debe continuar construyendo un ecosistema de suministro responsable de minerales, con trazabilidad absoluta desde la extracción hasta la venta en mercados internacionales.
