El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que el Consejo de Minería declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM, la cual autorizaba el inicio de actividades de explotación del proyecto cuprífero Tía María, a cargo de Southern Peru Copper Corporation. La medida, oficializada mediante la Resolución N.º 236-2026-MINEM/CM, dispone que el expediente sea devuelto a la Dirección General de Minería (DGM) para una nueva evaluación técnica conforme a la normativa vigente.
De acuerdo con el MINEM, esta decisión no implica la cancelación del proyecto ni la conclusión del procedimiento administrativo, sino que responde a la necesidad de reforzar la solidez del proceso, garantizando la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en las inversiones mineras en el país. En ese sentido, la entidad precisó que la DGM deberá emitir un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta las pautas establecidas por el Consejo de Minería.
El Consejo de Minería, última instancia administrativa en asuntos mineros, determinó que la autorización otorgada en octubre de 2025 no cumplía con los estándares de motivación exigidos por el marco normativo, incluyendo el Reglamento de Procedimientos Mineros y la Ley N.º 27444. Entre las principales observaciones se identificó una evaluación técnica insuficiente en aspectos clave como el diseño detallado de botaderos y el cronograma de ejecución del proyecto.
Asimismo, la resolución ordena retrotraer el procedimiento al estado previo a la emisión de la autorización, con el objetivo de que la autoridad sectorial realice una revisión integral del expediente y verifique si la empresa ha cumplido con subsanar todas las observaciones técnicas. En tanto no se obtenga una nueva autorización, Southern Peru no podrá iniciar la fase de explotación del proyecto.
Cabe recordar que el proyecto Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa), contempla una inversión estimada de hasta US$1.800 millones y proyectaba iniciar la producción de cobre en 2027. No obstante, su desarrollo ha estado marcado por conflictos sociales, principalmente en el Valle de Tambo, donde sectores de la población mantienen su oposición por posibles impactos ambientales, especialmente en los recursos hídricos y la actividad agrícola.
Con esta decisión, el MINEM busca fortalecer el marco institucional que regula las inversiones mineras, asegurando que los procedimientos se desarrollen bajo criterios técnicos sólidos y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
