La puesta en marcha de los proyectos de cobre incluidos en la Cartera de Inversión Minera 2025 tendrá un papel decisivo en el fortalecimiento de la sostenibilidad de la industria minera peruana y en la generación de recursos que impulsarán obras de infraestructura básica en las regiones con actividad extractiva.
Así lo destacó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) durante su exposición “El impacto económico y social de los proyectos de cobre para la sostenibilidad de la industria minera en el Perú”, presentada en la 37.ª Convención Minera Perumin, en Arequipa.
Según el análisis técnico expuesto, por cada US$ 10 millones invertidos en proyectos de cobre, se generan US$ 7.168 millones adicionales en el PBI minero metálico, lo que representa un incremento estimado de US$ 4.81 millones en recaudación fiscal en un periodo de cinco años.
La ejecución de los 37 proyectos de cobre de la cartera 2025 tendría un impacto en el PBI real minero metálico de US$ 43,673 millones y un aumento de la recaudación fiscal de US$ 24,941 millones en el mismo periodo. Asimismo, se proyecta que las transferencias de recursos hacia los departamentos alcancen los US$ 8.530 millones, es decir, 3.31 veces más que lo recibido en 2024.
“La ejecución de la cartera de proyectos de inversión 2025 incrementaría el PBI minero-metálico en 23.4%, la recaudación fiscal en 4.25 veces y las transferencias a departamentos en 3.31 veces; todo ello en relación a los valores del año 2024”, señalaron los especialistas de la DGPSM.
En cuanto a la producción, el estudio prevé que hacia el 2032 las regiones del norte aumenten su producción en 330 mil toneladas métricas finas (TMF) anuales, el centro en 75 mil TMF y el sur en 568 mil TMF de cobre, como resultado de la entrada en operación de 15 proyectos de inversión.
El informe concluye que los proyectos de cobre proyectados para los próximos años no solo consolidarán al Perú como uno de los principales productores mundiales del metal rojo, sino que también se convertirán en un motor clave para el crecimiento económico y social, al permitir que los gobiernos regionales y locales ejecuten obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de sus comunidades.
