La expansión de la minería informal e ilegal en el Perú se ha convertido en uno de los principales factores que detienen el crecimiento de las concesiones mineras formales, advierte el más reciente estudio del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Según el informe, esta actividad, en aumento constante, está modificando tanto el mapa de inversiones como la matriz de los conflictos sociales en el país.
El documento señala que, si bien algunos mineros informales logran cumplir con las exigencias reglamentarias, otros no hacen peticiones para obtener una concesión o de plano no la necesitan para poder operar. Este fenómeno ha generado una canalización significativa de la actividad minera nacional a través de vías informales y artesanales, fuera del sistema de concesiones supervisado por el Estado.
El OCM también señala que ciertas empresas formales estarían adquiriendo mineral de origen informal o ilegal, lo que queda fuera del sistema de registro minero y limita el crecimiento del número de concesiones en el país. Esta práctica representa un obstáculo para el fortalecimiento del sistema de concesiones y contribuye a la informalización de parte del circuito productivo.
Otro aspecto crítico señalado por el estudio es el impacto del contexto económico internacional. La incertidumbre generada por la recuperación postpandemia aún incompleta, junto a las múltiples crisis bélicas, climáticas y comerciales, han afectado la confianza de los inversionistas. Como resultado, los mercados financieros se muestran más cautelosos para financiar nuevos proyectos mineros, incluso en un escenario de altos precios de los minerales.
Pese a ello, el Perú mantiene una superficie concesionada relativamente alta, estabilizada desde 2016 entre 19 y 20 millones de hectáreas. El informe resalta que una porción significativa del potencial minero ya está en manos de concesionarios, y que actualmente existen menos incentivos para expandir de forma acelerada nuevas concesiones, lo que indica que ya no queda mucho territorio nuevo disponible para adjudicación.
En el plano social, la minería informal ha generado una transformación en la conflictividad en el país. El OCM sostiene que el auge de esta actividad desplaza el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. La conflictividad ya no solo enfrenta a comunidades y grandes empresas, sino también a pequeños y medianos mineros, quienes disputan el control del territorio y el acceso a beneficios.
El 36° reporte del OCM concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio del debate sobre una nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), “redefine la matriz de los conflictos”. Los datos de la Defensoría del Pueblo refuerzan esta tendencia: actualmente se registran alrededor de 200 conflictos mensuales, con un alza en las protestas colectivas que ya suman 256 acciones recientes. De estos casos, más de la mitad son socioambientales y dos tercios están directamente vinculados al sector minero.
El informe también detalla que el 15% del territorio nacional, equivalente a unos 19 millones de hectáreas, está concesionado para actividades mineras, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie bajo concesión. En zonas críticas como Pataz, donde el 80% del territorio está concesionado, la criminalidad asociada a la minería informal se ha vuelto un problema estructural.
Finalmente, el estudio advierte que el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente del cobre y el oro, ha generado ingresos extraordinarios para las empresas formales, alcanzando casi 19,000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024. Este incremento de precios, si bien positivo para la recaudación nacional, también es un incentivo para la expansión de la actividad informal, concluye el informe.
