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Instalan mesa de trabajo por 60 días para impulsar la formalización minera en el Perú

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Durante 60 días calendarios, representantes del Ejecutivo, Congreso, gremios empresariales y trabajadores mineros buscarán consensuar una propuesta que impulse la formalización y frene el avance de la minería ilegal.

Una mesa de trabajo multisectorial fue instalada este lunes 14 de julio en Palacio de Gobierno con el objetivo de atender los pendientes relacionados a la formalización minera en el Perú. La sesión, convocada por la presidenta Dina Boluarte, congregó a ministros, congresistas, funcionarios de la Sunat, representantes empresariales y trabajadores mineros no formales, incluidos grupos informales e ilegales.

Este espacio tendrá una duración de dos meses y sostendrá reuniones semanales. La primera sesión oficial ha sido programada para este viernes 18 de julio. De acuerdo con información obtenida por Gestión, la finalidad del grupo es construir un documento consensuado que sirva como insumo para la elaboración de la nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, conocida como Ley MAPE. Este nuevo marco legal será discutido en la próxima legislatura que comienza a fines de este mes.

Cabe señalar que la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), intentó anteriormente aprobar esta norma sin éxito. El proceso fue calificado como “abrupto y atropellado”.

En diálogo con Gestión, la congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, resaltó que “se busca obtener un relevante insumo para una próxima Ley MAPE”. Por su parte, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó: “Se ha convocado a diferentes actores y se instaló una mesa por 60 días para generar una propuesta de consenso, un producto que sirva insumo para una próxima Ley MAPE”.

Durante la reunión, el Ejecutivo reafirmó su postura sobre los criterios de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Hay que resaltar que más de 50 mil mineros se autoexcluyeron porque no mostraron voluntad de formalizarse”, precisó Gonzales. Asimismo, comentó que algunos trabajadores mineros intentaron imponer condiciones, pero el Gobierno rechazó tales propuestas. “La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) presentó algunas condiciones, como la inclusión de los excluidos del Reinfo. Es más, apelaban a que ingresen más mineros. Sin embargo, los ministros ratificaron su decisión de no retroceder. No hubo ninguna duda [alrededor de ese mensaje]. Se indicó que estamos en diálogo y sin condicionamientos”, afirmó.

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La SNMPE también remarcó que uno de los principales enfoques será el cuidado ambiental y la generación de empleo formal. “Promueva la conservación del medio ambiente y brinde trabajo digno”, señaló Grossheim. La formalización, agregó, considerará tanto a los titulares mineros como a las condiciones laborales de los trabajadores y estará sujeta a plazos definidos. “La presidenta de la República fue enfática al señalar que el proceso de formalización tiene que culminar”, añadió.

Tanto Gonzales como Grossheim coincidieron en destacar que la mesa de trabajo será un espacio técnico sin imposiciones. “Debemos reconocer el trabajo del Gobierno de querer separar la paja del trigo, separar a aquellos que sí tienen vocación de formalizarse”, expresó la directora ejecutiva de la SNMPE.

A pesar del consenso general sobre la importancia de avanzar hacia una minería más formal y sostenible, algunos gremios expresaron reservas. Máximo Franco Béquer, presidente de la Confemin, declaró tras la reunión: “[Ese tema de suspender la exclusión] será el punto número uno de la agenda del día viernes para ver cómo se resolverá. Nosotros reclamamos que no pueden retirar a 50,000 sin el debido proceso. Unos cuantos [tal vez], pero no los 50 mil”.

Con esta nueva etapa de trabajo, el país se prepara para replantear las condiciones de una actividad que, pese a su importancia económica, enfrenta serios desafíos sociales, ambientales y legales.

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