Tras la reciente ampliación del plazo para el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2025, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por las consecuencias de esta medida. Según un comunicado emitido por la Junta Directiva, la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) favorecería la expansión de la criminalidad vinculada a la minería informal.
La decisión fue oficializada por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Esta norma extiende nuevamente la inscripción al Reinfo, un mecanismo vigente desde hace 9 años y que ha recibido diversas críticas por su falta de resultados efectivos.
El CAL cuestionó esta prórroga indicando que “solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización. A pesar de ello, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha prorrogado dicho registro por 6 meses más”. El gremio legal recordó que el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia previa, ya había señalado la ineficacia del Reinfo como herramienta de formalización minera.
“No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio, ni en ninguna política pública que regule dicha actividad”, subrayó el CAL en el documento.
La institución también alertó que los avances en la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) han sido limitados, lo que representa una amenaza creciente. “Esta situación representa un riesgo creciente: si no se actúa con decisión, se profundizarán los impactos negativos en sectores vulnerables, se reducirá la capacidad recaudatoria del Estado, se intensificarán los daños al medio ambiente y a la salud pública, se comprometerá la gobernabilidad en zonas críticas y se ampliará el espacio de acción de la minería ilegal”, advirtieron.
Exigen evitar exenciones penales y mayor fiscalización
El CAL también rechazó que cualquier marco legal de formalización minera incluya exenciones de responsabilidades penales. En su comunicado, instaron al Ejecutivo, al Congreso y a la sociedad civil a consensuar una norma que permita avanzar en la formalización de la minería a pequeña escala, pero dentro de un marco legal firme.
“Todo el sector minero (pequeño, mediano y grande) debe ser altamente fiscalizado, especialmente por el uso de mercurio, explosivos y armas. El primero, porque viene causando un daño irreparable a la salud, las aguas y las tierras de nuestro país; y los siguientes, porque llegan a manos de la criminalidad, incrementando la violencia en contra de la ciudadanía”, agregaron.
Finalmente, el CAL, presidido por Raúl Canelo, recordó el atentado ocurrido el pasado 20 de enero en la sede del Ministerio Público de Trujillo, donde una explosión puso en grave riesgo a policías y funcionarios públicos.
“Desde el CAL creemos que parte de la solución frente a la criminalidad es brindar herramientas adecuadas de fiscalización en el uso de explosivos y en las plantas procesadoras de minerales, para coadyuvar a reducir el impacto negativo de la minería ilegal, la cual constituye el brazo financiero de bandas y organizaciones criminales”, remarcaron.
