El Ejecutivo evalúa extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera hasta por seis meses más, pero con estrictas condiciones.
El próximo 30 de junio vence la validez del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que, en la práctica, ha servido como cobertura para operaciones ilegales en el sector minero. Pese a ello, el Ejecutivo tiene la facultad de extender su uso hasta por seis meses más, debido a la falta de un nuevo marco normativo que regule la minería de pequeña escala y la artesanal.
Frente a este escenario, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anticipó que la extensión del Reinfo está sobre la mesa, aunque con condiciones distintas a las actuales, durante su intervención ante el Pleno del Congreso, en la sesión del voto de confianza realizada la mañana del jueves 12 de junio.
“El Gobierno asegura que no existirá una prórroga indiscriminada del Reinfo. Junto a ello, se procederá a fiscalizar minuciosamente el mal uso de este registro de mineros en vías de formalización, procediendo a su exclusión inmediata en caso de detectarse cualquier anomalía”, manifestó Arana.
En línea con esta postura, Arana advirtió que los beneficiarios del Reinfo cuya condición se encuentra suspendida tendrán hasta inicios de julio para regularizar su situación, de lo contrario serán eliminados del padrón. Actualmente, se contabilizan 86 mil inscritos en el registro, de los cuales 65 mil presentan suspensión. En función a esta cifra, se proyecta la salida de más de 40 mil registros.
A estas depuraciones se agregarían 1,425 registros ya anulados como resultado de operativos de control efectuados en distintos distritos de la provincia de Pataz (La Libertad), zona que ha registrado un fuerte incremento en hechos de violencia relacionados a la minería ilegal.
Asimismo, el titular de la PCM reveló que entre 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido 161 informes, en los que se detectaron movimientos financieros inusuales por un valor total de US$ 2,804 millones. De este monto, aproximadamente US$ 2,248 millones, equivalentes al 80%, estarían directamente relacionados con la minería ilegal.
